La causa sobre la contaminación del Riachuelo tendrá su cuarta megaaudiencia pública en la Corte Suprema. Esta vez, dos nuevos temas entrarán en escena: qué grado de responsabilidad le corresponde a cada uno de los múltiples demandados y si deberán (o no) enfrentar el pago de una reparación por el daño ambiental colectivo ocasionado. Desde hoy y –probablemente– hasta el viernes contestarán las acusaciones en su contra las 44 empresas cuestionadas, los gobiernos nacional, bonaerense y porteño y 13 municipios. Habrá 61 expositores, que tendrán como máximo 15 minutos cada uno para dar sus explicaciones.

Hasta ahora, el eje de las audiencias que convocó el alto tribunal fue el plan de saneamiento exigido a los gobiernos. El objetivo: la prevención de contaminación a futuro y la recomposición del perjuicio causado. Ahora se empezará a hablar de la posible compensación patrimonial, ya que existe una cuota de daño imposible de subsanar. La Corte dispuso que los daños individuales sean juzgados por los tribunales ordinarios, pero admitió analizar si corresponde algún tipo de reparación por el daño colectivo. Los 140 vecinos y damnificados de la zona de Dock Sud y Avellaneda que presentaron la denuncia que dio origen a la causa reclamaron 5 millones de pesos de resarcimiento y la creación de un fondo público de compensación ambiental de 500 millones de dólares.

La audiencia que comienza hoy es, en términos formales, la contestación de la demanda por parte de los acusados. En esta ocasión, a diferencia de las sesiones previas, los jueces supremos no harán preguntas. A los gobiernos y comunas se los responsabiliza, entre otras cosas, por no ejercer sus facultades de control ni implementar políticas apropiadas en materia ambiental y protección de los habitantes de la zona afectada. A las empresas se las cuestiona por volcar sus residuos peligrosos al río, sin minimizar los riesgos de su actividad con nuevas tecnologías y técnicas de tratamiento, violando estándares básicos.

Algunas de las empresas bajo la lupa que tendrán la palabra son Shell, Petrobras, YPF, Danone, Molinos Río de la Plata, Cervecería Quilmes, AySA, Dow Química, DaimlerChrysler, Solvay Indupa, Destilería Argentina de Petróleo, Textil Lugano. Varias curtiembres, más químicas y petroleras, además del Ceamse. Como representante de los gobiernos acudirá el procurador general del Tesoro, Osvaldo Guglielmino (abogado del Estado).

Los municipios implicados son Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Presidente Perón y San Vicente.

En las audiencias pasadas, la encargada de presentar el plan de saneamiento oficial fue la secretaria ambiental, Romina Picolotti. Recibió fuertes críticas de un peritaje de la UBA y varios pedidos de precisiones por parte de los jueces supremos. Su última presentación escrita fue el 9 de noviembre y precisa, por ejemplo, que las industrias contaminantes son 3527 y la población en riesgo, 5.037.493 personas. La Corte firmará un fallo –seguramente en 2008– donde dirá si admite o reprueba el proyecto de limpieza de la cuenca que, en rigor, ya está en marcha. La pulseada por la reparación económica está en puerta, pero podría llevar unos dos años.