Un duro enfrentamiento estalló en el seno de la causa por las irregularidades en la investigación del atentado contra la AMIA. El juez Ariel Lijo elevó el expediente a juicio oral y estarían sentados en el banquillo de los acusados el ex juez Juan José Galeano, el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, funcionarios de la SIDE y quien fuera el principal acusado en la causa, Carlos Telleldín. Sin embargo, en forma sorpresiva, el abogado de la agrupación Familiares de las Víctimas, el ex fiscal Pablo Lanusse, presentó una virtual recusación del juez, pese a que éste actúa en el expediente desde 2005. En el planteo participan la AMIA y la DAIA, que tradicionalmente estuvieron del lado de Galeano y acompañaron la investigación oficial de la época del menemismo. Como es obvio, los defensores de los imputados –en concreto de Galeano, Mullen y Barbaccia– se sumaron de inmediato a la postura de Lanusse ya que significa dilatar el juicio oral. Allegados a Familiares afirman que no quieren obstruir el avance de la causa y que su presentación apunta a evitar nulidades en el futuro. Memoria Activa, en cambio, acusa a AMIA, DAIA y Familiares de poner obstáculos en el caso AMIA y favorecer a las defensas. Paralelamente, hay una iniciativa de las defensas para quitarle el papel de querellante a Alejandro Slokar, secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, que fue junto al fiscal Alberto Nisman otro de los impulsores de la acusación contra Galeano y compañía.

La tumultuosa controversia se centra en el propio juez Lijo. Hace varios meses la Cámara Penal sostuvo que la investigación sobre las irregularidades en el caso AMIA debe seguir hacia arriba, es decir que se debe determinar si la Casa Rosada en la época de Carlos Menem y Carlos Corach fue la que dio los lineamientos para la creación de pistas falsas y la desviación de la causa.

En ese marco, Lanusse presentó un escrito sosteniendo que deben declarar los secretarios de la fallecida camarista Luisa Riva Aramayo, que se entrevistó en la cárcel de Devoto con Telleldín y supuestamente inició una operación que luego derivó en pistas falsas. Tanto Lijo como Lanusse eran secretarios de Riva Aramayo.

Si Lijo tiene que declarar en el expediente, como lo pide Lanusse, de inmediato se tiene que apartar del expediente, lo que significaría que debe actuar otro juez y, en concreto, habría una enorme dilación en todo el proceso. Familiares sostiene que no quieren atrasar todo el proceso, pero que este paso es necesario para evitar futuras nulidades.

La realidad es que al menos el Tribunal Oral (TOF 5) del caso AMIA y el primer juez de la causa por irregularidades, Claudio Bonadío, nunca llamaron a declarar a Lijo porque Riva Aramayo no fue a ver a Telleldín a la cárcel en forma oficial, sino que lo hizo a pedido del propio Telleldín y en una gestión personal que luego fue cuestionada por la Cámara Federal y el propio Tribunal Oral. Riva Aramayo murió durante el juicio oral, de manera que si el TOF hubiera visto alguna actuación de Lijo lo habría convocado a declarar. Y lo mismo el juez Bonadío, que tuvo el expediente durante cinco años. Es más, en los casi tres años que Lijo está a cargo del expediente, nadie planteó que declare y que por lo tanto no debiera seguir a cargo del expediente.

Para Memoria Activa, Familiares –representada por Lanusse– “es parte de un plan para impedir que los hechos sean ventilados y juzgados en un juicio oral. Familiares, la DAIA, la AMIA afirman que la instrucción no está agotada, pero no han presentado en esta causa ni una solicitud de prueba durante un año. Memoria piensa que falta mucho por investigar, pero se trabajará dentro y fuera del juicio que no podrán evitar”. El comunicado cierra con una frase durísima: “Los integrantes de Memoria Activa nos sentimos avergonzados de esta dirigencia mentirosa y traidora”. La virtual recusación presentada por Familiares fue rechazada por Lijo, pero el ex fiscal Lanusse apeló ahora a la Cámara Federal. El juez tiene que presentar un informe sobre toda la controversia y luego la Cámara resolverá. En principio, estaba la idea de que el juicio empiece en el segundo semestre de 2008, pero todo indica que habrá bastantes obstáculos para sortear.