Desde Santa Cruz de la Sierra

La crisis política boliviana cobró vuelo y aterrizará en las urnas. El desafío lanzado la noche del miércoles por el presidente, Evo Morales, de someterse junto a los prefectos (gobernadores) a un referéndum revocatorio del mandato fue aceptado ayer. Las autoridades provinciales decidieron “recoger el guante”, lanzado por Morales. Los opositores al mandatario indígena le recuerdan que ya hizo la misma propuesta en enero, luego del enfrentamiento entre cocaleros y citadinos en Cochabamba, que se saldó con dos muertos, uno por bando. También salieron a pedir que las protestas se mantengan en todas las provincias autonomistas (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), ya que consideran el anuncio presidencial como una estrategia para librarse de los conflictos. Pero primero lo primero: según varios representantes del oficialismo, la Asamblea Constituyente sesionará el 12 de diciembre en el Chapare, bastión de Evo.

Morales arriesga algo más que su puesto en esta propuesta. “Que el pueblo decida quién está con el proceso de cambio”, dijo, cuando lanzó la oferta, pero las encuestas no le muestran un éxito garantizado. El presidente boliviano, según la medición mensual de la consultora Equipos Mori, goza de un 54 por ciento de popularidad. Esto equipara la aceptación del Presidente a la votación obtenida en las elecciones del 18 de diciembre de 2005, pero lo pone por debajo del 80 por ciento de aceptación que tenía en mayo de 2006, luego de la votación. En cuanto a los gobernadores, la medición de Mori sólo abarca las provincias de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Las autoridades locales tienen una popularidad que oscila ente un 64 y el 80 por ciento. El más consolidado es el gobernador de Santa Cruz, Rubén Cosas, y el que más peligra es Manfred Reyes Villa, de Cochabamba. Tanto él como el paceño José Luis Paredes parecen los opositores más frágiles a Morales, ya que son autoridades en nichos de votación duros del oficialismo.

En paralelo a una multitudinaria convocatoria en Cochabamba a apoyar al gobierno –también hubo marchas en La Paz, Oruro y Potosí–, ayer se registraron dos incidentes en Santa Cruz de la Sierra y Riberalta. En el primero casi surgen enfrentamientos entre militantes de Morales y miembros de la Unión Juvenil Cruceñista. Alrededor de 2000 oficialistas trataron de organizar un cabildo en el centro de la ciudad, muy cerca de un mercado en el que se congregan los militantes del Movimiento al Socialismo. Sin embargo, los jóvenes afiliados al Comité Pro Santa Cruz se lo impidieron. La policía tuvo que intervenir para evitar enfrentamientos. El resultado fue un herido leve por quemadura de petardo.

En Riberalta, ciudad de 100.000 habitantes ubicada al norte del país, en la provincia de Beni, la población, al grito de “autonomía”, se movilizó ante la llegada de un avión Hércules del gobierno de Venezuela. Unas 500 personas tomaron la pista de aterrizaje y obligaron a despegar de emergencia a la aeronave, que tuvo que aterrizar en una población fronteriza de Brasil, por desperfectos. Uno de los militares venezolanos que estaba en tierra tuvo que refugiarse en la policía de la ciudad amazónica.

Esto obligó a Morales a salir a la televisión para pedir disculpas a Venezuela. Aseguró que la población había apedreado un avión que llevaba ayuda para la región. Uno de los principales opositores al gobierno, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, aseguró que el aeropuerto fue tomado porque se temía que los venezolanos estuvieran descargando armas y pidió que las autoridades brasileñas verifiquen la carga.

A todo esto se suma la Asamblea Constituyente. Varios representantes del oficialismo aseguran que la nueva sede de sesiones será Lauca Ñ, una pequeñísima población de Chapare que sólo figura en los mapas porque allí se encuentra la sede de reuniones (un coliseo) de las seis federaciones de productores de coca, el útero del que nació políticamente Morales. La próxima sesión sería convocada para el 12 de diciembre, por lo que los oficialistas sólo tendrán dos días para aprobar el texto constitucional. Ya se prevé que enviarán dos temas a consulta ciudadana: la posibilidad de elección inmediata y la limitación de la propiedad agropecuaria a 10.000 hectáreas.

Las chispas de la crisis boliviana ya llegaron a Washington. Luego de las visitas de oficialistas y opositores, y después de recibir un pedido oficial de su delegación en Bolivia, el Consejo Permanente de la OEA se reunirá hoy para analizar “el proceso democrático en Bolivia”. Pese a ello, el secretario general de la organización, Miguel Insulza, ya descartó el envío de una comisión a Bolivia, ya que considera que la crisis se puede resolver internamente.