El conflicto vasco se calienta semanas antes de las elecciones generales del 9 de marzo en España. Ayer el consejo de ministros decidió solicitar a la Fiscalía que ponga en marcha el proceso para que las dos formaciones políticas cercanas a ETA –Alianza Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunistas de las Tierras Vascas (PCTV)– sean declaradas ilegales y se impugnen también las posibles “listas de electores” independientes que incluyan como candidatos a figuras de la izquierda nacionalista.

Mientras tanto, el gobierno vasco, en mano de los nacionalistas moderados del PNV, ha llamado a una manifestación hoy en Bilbao en protesta por la decisión del Tribunal Supremo que condenó al ex presidente del Parlamento regional Juan María Atutxa por negarse en su momento a disolver el grupo parlamentario de Herri Batasuna, la histórica agrupación independentista actualmente ilegalizada por sus vínculos con ETA. “Nuestra voz se alza para denunciar una estrategia que nos conduce al derrumbe de la democracia” sostiene el gobierno vasco en uno de sus más duros comunicados en los últimos treinta años.

La ilegalización de ANV y el PCTV estaba cantada desde hacía un par de semanas, aunque el gobierno socialista tuvo la precaución de no ponerla encima de la mesa hasta que la Justicia reuniera todas las pruebas necesarias para demostrar que los actuales parlamentarios y concejales de estas agrupaciones mantienen vínculos políticos y económicos con el entorno etarra. El Partido Popular la había solicitado después de que ETA rompiera la tregua que mantenía con la administración de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora el PP acusa al PSOE de electoralismo.

Durante el transcurso de esta semana, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hizo públicas esas pruebas en las que se sostiene, por ejemplo, que casi medio centenar de dirigentes de la ilegalizada Batasuna se encuentran a sueldo de ANV y del PCTV, y que ambas formaciones políticas tienen cuentas bancarias en común con las organizaciones del entorno etarra. También critican que sus líderes apoyen públicamente a los terroristas, como hizo la alcaldesa de la ciudad de Hernani, Marian Beitialarrangoitía, de ANV, en un acto luego de que fueran detenidos por la policía los responsables del atentado en el aeropuerto de Barajas en diciembre de 2006.

Para el Partido Nacionalista Vasco, sin embargo, esta medida es un error, ya que deja fuera del juego democrático a la izquierda vasca y aleja la posibilidad de encontrar una solución política al conflicto que desde hace casi medio siglo aqueja a la región. El PNV ha vivido un año de fuerte lucha interna en el que al final se terminaron por afianzar los sectores más radicales, propensos a la convocatoria de un plebiscito que ponga el tema de la independencia arriba de la mesa. Tanto socialistas como populares se niegan a que se realice esta consulta electoral hasta que ETA no deje definitivamente las armas.

La condena por parte de la máxima instancia judicial española al ex presidente del parlamento regional Juan María Atutxa no ha hecho más que caldear los ánimos. “Estamos ante un grave riesgo de involución política”, afirman los miembros del tripartito que gobierna la región, alertando de que la condena a Atutxa no es más que el prólogo a la posible inhabilitación del actual presidente del gobierno regional Juan José Ibarretxe por haberse atrevido a convocar el plebiscito para finales de este año.