La estrella del folklore Oscar “El Chaqueño” Palavecino, los jugadores de fútbol Juan Sebastián Verón y Aldo Duscher, el ex rugbier Pedro Sportleder, el empresario del fútbol, Gustavo Mascardi, son algunos de los primeros nombres que trascendieron de dueños de Hummer y Porsche ingresados en el país de forma irregular mediante franquicias diplomáticas. En el listado figura una mayoría de empresas cuyos titulares están en la misma situación (ver aparte). El juez Marcelo Aguinsky emitió una resolución en base a una primera nómina de 56 autos y tiró una diagonal: no ordenó el secuestro de los vehículos, pero resolvió que los dueños se presenten en los registros del automotor y que allí se inscriba en los títulos la restricción a venderlos o transferirlos. También obligó a los propietarios a garantizarle al Estado la integridad del auto con un seguro. Después de esas medidas provisorias, el magistrado investigará uno por uno los legajos de los autos. El objetivo será determinar las responsabilidades de los propietarios. Algunos podrían afrontar una causa por contrabando agravado. Otros quedarían obligados a pagar por una infracción aduanera que, como piso, será la cifra que debió abonarse para importar el vehículo.

El interrogante de la investigación es si se trata de una serie de casos que no tienen relación entre sí o, por el contrario, si detrás de la maniobra hay un gran operador que traía los autos a pedido y tenía “compradas” las firmas de funcionarios y diplomáticos.

El listado de 56 vehículos conocido ayer proviene de la auditoría realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores. De los casi cien Hummer y Porsche que aparecían allí, el juez resolvió sacar a todos los que están registrados con número de pasaporte. Es que Aguinsky sospecha que son documentos que pertenecen a diplomáticos y, por lo tanto, le pidió a la Cancillería que le entregue el lunes el listado completo de los representantes de otros países en la Argentina. Ahí determinará que funcionarios extranjeros figuran como dueños de esos vehículos que están específicamente excluidos del uso de embajadas por exceder el valor que se permite y por no tener características de auto para uso en las relaciones exteriores.

Los 56 autos que integran la lista dada a conocer ayer están a nombre de residentes en la Argentina. Son la primera muestra. El juez y la fiscal María Luz Rivas Diez quieren saber cuántos vehículos están en la misma situación, es decir que se utilizó la franquicia diplomática para no pagar los impuestos, se trajeron al país y aquí se transfirieron en forma irregular a otras personas o empresas. Aguinsky le pidió al Registro Automotor que le entregue el legajo de los autos ingresados a la Argentina, con franquicia diplomática, entre 2004 y 2007. Después podría investigar las entradas de vehículos desde 1998 hasta 2003. Antes de esa fecha no tiene sentido porque el delito estaría prescripto.

En la actualidad, el caso de los autos de diplomáticos se sustancia en dos juzgados. En el fuero federal, Norberto Oyarbide se ocupa de investigar a los funcionarios del Estado, o sea de la Cancillería, que convalidaron con su firma las franquicias para autos no contemplados para el uso diplomático, así como la transferencia irregular de esos vehículos. Esa denuncia fue hecha por el propio canciller Jorge Taiana. Hay más de 80 funcionarios extranjeros y catorce embajadas involucradas.

Aguinsky, del Fuero Penal Económico, recibió la denuncia de la Aduana y tiene el centro del caso: el delito de contrabando. Debe investigar la mecánica con la que se eludió, mediante un ardid, el pago de las tasas correspondientes para entrar autos de ese calibre a la Argentina. En este terreno, el magistrado tiene que afrontar dos aspectos:

- En lo inmediato, asegurarse que los autos no desaparezcan y que se certifique quienes son los dueños.

- Luego debe investigar uno por uno los legajos y distinguir cómo califica la conducta de quienes ostentan la titularidad de los vehículos.

En el escrito de ayer, el juez dice textualmente: “Me encuentro en condiciones de implementar una medida de aseguramiento de prueba que resguarde la presunción de inocencia, el derecho constitucional a la propiedad privada, pero a la vez, sirva al reconocimiento de las legítimas expectativas del Estado Nacional en percibir los tributos supuestamente eludidos”. En una palabra, que su estrategia consiste en no sacar el auto de las manos de sus actuales dueños, pero sí asegurarse la preservación y las condiciones para cobrarles lo que haya que cobrarles. Aguinsky fue renuente a secuestrar las unidades y ponerlas en un depósito en el que, supone, se van a terminar deteriorando. Pero los pasos que tendrán que dar los dueños de los vehículos serán los siguientes:

- Concurrir dentro de los próximos cinco días al registro de la propiedad automotor que corresponda. Allí exhibirán el título en el que se inscribirá la prohibición de vender o transferir la unidad. Es más, ni siquiera podrá ser sujeto de división en un divorcio.

- Los titulares serán considerados depositarios judiciales de cada vehículo.

- Las unidades no podrán circular hasta que los dueños constituyan un seguro contra todo riesgo, endosado a favor del juzgado. Esta es la forma en que el juez asegura que los daños o incluso un robo no implique la pérdida de derechos para el Estado.

Estas medidas son las urgentes, pero no las destinadas a establecer qué se le imputará a los titulares de los vehículos. Para ello, el juzgado que se quede con el caso tendrá que investigar la forma en que se trajo el auto a la Argentina. Aguinsky es juez de feria, o sea que no hubo sorteo. El magistrado resolvió que cuando él se tome vacaciones, a fines de la semana próxima, momento en que se termina la feria judicial, enviará el expediente a sorteo, de manera que haya transparencia en la asignación del magistrado que quedará a cargo de la investigación.

En este último territorio, los legajos de los autos deberán ser analizado e investigado. Y hay una distinción fundamental a realizar.

- Si el auto se trajo a pedido del actual titular o del argentino que se lo quedó después de usar la franquicia diplomática, el delito es contrabando agravado, ya que hubo participación en la maniobra de traer el vehículo. Se trata de un delito que tiene hasta diez años de prisión.

- En cambio, si el vehículo fue comprado aquí, por una oferta cuando ya estaba en la Argentina, el titular no habría participado del contrabando y tal vez exista sólo una infracción aduanera. En ese caso la Aduana aplicará una multa de proporciones. El piso es lo que debería haberse pagado de derechos, o sea aproximadamente el 60 por ciento del valor del auto. Pero la multa suele ser mayor a ese piso.

El punto clave de la pesquisa es si existe un gran operador en esta maniobra. Una hipótesis es que un grupo grande de diplomáticos, en general de segunda línea, vieron el negocio y cada uno hizo la suya. Es decir trajo el vehículo, lo tuvo un período corto y después hizo una gran diferencia vendiéndoselo a un argentino en forma irregular. La otra hipótesis, la más probable, es que en la mayoría de los casos hubo un gran intermediario. El negocio empezaba encontrando al comprador. “¿Usted quiere una Hummer? Nosotros se la traemos”, sería el argumento de venta. El operador pide el vehículo en origen y tiene “compradas” la firma de funcionarios de la Cancillería y de los diplomáticos de segunda línea. Trae el vehículo con la franquicia, gestiona el papelerío y entrega la unidad a un precio conveniente. Este fue el papel que jugó José “Cacho” Steimberg, socio de Carlitos Menem Junior en el preparado de autos, y operador fundamental en la maniobra por la cual varios ricos y famosos se quedaron en los `90 con autos de lujo importados con franquicias para discapacitados.