El asesinado represor Héctor Febres no sólo gozaba de privilegios de todo tipo en la sede Delta de la Prefectura, que vuelven absurdo denominarla lugar de “detención”, sino que tuvo una amplia libertad de movimientos, a pesar de estar procesado con prisión preventiva y enjuiciado por delitos de lesa humanidad que cometió en la ESMA. Tal como reveló Página/12 en diciembre, la Justicia comprobó que el prefecto salía de su “celda”: en la investigación consta que en 2003, 2004 y 2005 pasó las vacaciones en la base naval de Azul. Por ese motivo, los querellantes sobrevivientes de la ESMA Enrique Fukman y Carlos Lordkipanidse pidieron la declaración indagatoria del jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, por considerarlo “responsable” de esos traslados. También quieren que sea citado como acusado el ex jefe de la Prefectura, Carlos Fernández, y su antecesor, Juan José Beltritti.

Febres fue encontrado muerto el 10 de diciembre, y pocos días después este diario informó sobre el chofer que tenía a su disposición, las líneas telefónicas, un televisor con DVD, además de pasar algunas noches con su esposa, tener llave de su propia habitación y poder usar las instalaciones de la sede Delta para festejos familiares. “La fuerza le otorgaba beneficios impensados para la familia de cualquier funcionario del Estado y/o trabajador común, ni pensar en el caso de encontrarse privado de su libertad”, escribió la jueza Sandra Arroyo en la extensa resolución con que procesó a dos prefectos y a la familia del represor, como partícipes y encubridores del homicidio, respectivamente. En la enumeración de estos privilegios, la magistrada mencionó “traslados durante los meses de enero y febrero a fin de residir o vacacionar en dependencias del Arsenal Naval Azopardo (Azul), durante los años 2003, 2004 y 2005, viajes a los que, en general, era autorizado en virtud de su diabetes o de las necesidades invocadas por la misma fuerza vinculadas a la refacción de su lugar de alojamiento”. A renglón seguido, la jueza afirmó que en las fotos que hay en el expediente puede verse a Febres “vacacionando junto a toda su familia en comodísimas instalaciones, con variados banquetes de comida a su alcance, que en nada se compadecen con el sometimiento a un tratamiento médico tendiente a tratar la diabetes de la que adolecía”.

Cuando las abogadas Myriam Bregman y Liliana Mazea, representantes de Lordkipanidse y Fukman, leyeron esto decidieron pedir la declaración indagatoria de los jefes de la base naval de Azul durante esos años “para que delimiten sus responsabilidades sobre estos hechos”, así como también al jefe de la Armada, almirante Godoy, “que como bien señala V.S. (Vuestra Señoría) resultó ser responsable de esa base naval y de la situación de Febres cuando era trasladado allí”. Así como Febres tenía vacaciones en Azul bien pudo haber viajado a España. De hecho, la jueza secuestró en su camarote una multa de tránsito de una infracción cometida en Toledo.

Otras de las medidas que solicitaron fue la declaración indagatoria de Fernández y Beltritti, ex jefes de la Prefectura, “que en formas reiteradas han visitado a Febres en su lugar de custodia, generando y avalando así todas las liberalidades encontradas por V.S. a lo largo de este proceso y que permitieron su homicidio”. Las abogadas recordaron que la presidenta Cristina Kirchner removió de su cargo a Fernández “sin que hasta la fecha se tengan noticias de haberse iniciado las acciones pertinentes, dada la gravedad de los hechos en cuestión”. Además requirieron que se profundice la investigación sobre aquellos testigos que dicen haber visto personas que visitaron a Febres con el objetivo de presionarlo y así evitar confesiones en el último día de su juicio.