La Justicia británica le ordenó al gobierno de Gordon Brown que haga públicas las transcripciones de la reuniones de gabinete previas a la invasión de Irak en 2003. Los detalles de este tipo de reuniones no suelen publicarse hasta después de 30 años, pero el Tribunal de Información del Reino Unido consideró que el interés público en este caso tenía más peso que el derecho a confidencialidad del gobierno. Según la agencia italiana ANSA, el premier Brown no apelará la decisión, aunque su nombre aparecerá en las actas, ya que hace cinco años era el ministro de Economía de Tony Blair. Sin embargo, la mayor expectativa estará centrada en el entonces fiscal general Peter Goldsmith. Aunque Blair siempre lo negó, en 2005 se filtró a la prensa el rumor de que el fiscal se habría opuesto a la invasión a último momento, argumentando que violaba el derecho internacional. La semana anterior a la invasión, el gobierno británico había intentado –sin éxito– que el Consejo de Seguridad de la ONU apoyara el ataque.