A las 9.30 de hoy, en los tribunales federales de Comodoro Py, se presentará la primera demanda que busca que un tribunal argentino aplique el principio de justicia universal para investigar los crímenes del franquismo. A las 11, en conferencia de prensa, los abogados que representan a los damnificados, junto a varios organismos de derechos humanos y organizaciones sociales –que también se sumaron a la querella–, anunciarán qué juzgado salió sorteado para dar curso al trámite. El objetivo será destrabar la investigación iniciada hace un año y medio por el juez español Baltasar Garzón, hoy víctima del embate de sectores de la derecha de su país que buscan asegurar la impunidad del genocidio cometido por la dictadura de Francisco Franco.

“La primera petición será que se remitan las actuaciones que llevó a cabo Garzón”, afirmó a Página/12 Carlos Slepoy, uno de los abogados patrocinantes de la causa en Buenos Aires como una forma de respaldo a la investigación encabezada por el magistrado español. “El primer precedente sobre el principio de justicia universal está sentado por la Justicia española”, sostuvo el abogado en referencia a la “solidez” de los argumentos en los que se basa la demanda para que la Cámara Federal Nacional en lo Criminal y Correccional acepte dar curso al trámite. Beniuz Sczmukler y David Baigún, también patrocinantes, revelaron que invocarán el denominado “efecto devolutivo”, por el cual la Justicia estaría en condiciones de ahondar la investigación debido a que hechos similares cometidos en Argentina y Chile fueron investigados por Garzón. Bajo la invocación de la justicia universal, el magistrado español ordenó, por ejemplo, la detención del ex marino argentino Adolfo Scilingo, quien confesó los detalles de los “vuelos de la muerte”, y también ordenó la captura del dictador chileno Augusto Pinochet.

“También vamos a pedir los nombres de los ministros y de los miembros de las fuerzas de seguridad y de los dirigentes de la Falange”, anticipó Slepoy a este diario. El puntapié inicial para la demanda será investigar las ejecuciones de Elías García Holgado, quien en 1936 era alcalde y diputado provincial en Salamanca, y de Severino Rivas, también alcalde, de la localidad de Castro de Rei, en Lugo. Aunque no será lo único en lo que se pida ahondar, ya que el período de la demanda abarca desde un día antes del alzamiento que lideró Francisco Franco hasta el día de las primeras elecciones democráticas después de la muerte del dictador. “Es factible que haya represores vivos”, aseguró Slepoy y que “muchos de ellos ejerzan hoy como dirigentes”, señaló. “Es innumerable la cantidad de personas que se están presentado”, informó el abogado sobre las denuncias por los crímenes del franquismo, al tiempo que anticipó que las cifras de más de 113 mil desapariciones y más de 30 mil bebés apropiados crecerán conforme se avance en las investigaciones.

Los abogados se encontraban delineando a última hora de ayer la lista final de organismos que participarán de la demanda: el Centro de Estudios Legales y Sociales fue el último en incorporarse. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Federación de Asociaciones Gallegas y la Asociación Memoria Histórica de España son sólo algunas de las organizaciones que respaldarán la presentación. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) también se incorporará como querellante en los próximos días.

Informe: Gabriel Morini