El diputado kirchnerista Alejandro Rossi, impulsor del proyecto para la evaluación periódica de los jueces, dijo que la permanencia de Carlos Fayt en la Corte Suprema, a sus 92 años, “es un ejemplo moral poco edificante”. El comentario apuntó, en buena medida, a responsabilizar al máximo tribunal por la falta de renovación del Poder Judicial. Un día antes, otro diputado K, Carlos Kunkel, había puesto de relieve que un grupo de magistrados –en rigor son once jueces nacionales– ya superaron los 75 años y siguen sin jubilarse, pese a que la Constitución establece que a partir de esa edad necesitan un nuevo acuerdo para seguir en funciones. “No cumplen con la ley”, denunció.

El planteo sobre la edad jubilatoria se mezcla en el debate sobre una posible reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona a los jueces y, de ese modo, delinea su perfil. El kirchnerismo busca que “el Poder Judicial sea menos conservador y aristocrático” y para eso impulsa mayor participación popular, a través de la presencia de representantes políticos en el Consejo. La oposición busca mayor peso de las corporaciones (jueces, abogados y académicos) en el cuerpo.

Al citar el caso de Fayt y reclamar su salida, Rossi le atribuyó a la Corte una alta responsabilidad en esa tarea de oxigenar la Justicia. El “decano de los ministros supremos”, sin embargo, tiene a su favor un fallo con que el propio máximo tribunal en 1999, con la mayoría menemista, invalidó el inciso 4 del artículo 99, que le impedía seguir luciendo toga después de los 75 (a menos que obtuviera un nuevo acuerdo del Senado). Para los supremos, esa disposición fue introducida de manera dudosa en el ’94 y no respeta la garantía de inamovilidad.

Uno de integrantes de la Corte que no firmaron aquel fallo fue Enrique Petracchi, que este año cumple la edad “de la discordia”. En los pasillos supremos las apuestas dicen que para su cumpleaños, en noviembre, se va. Por lo pronto, no inició ninguna acción como la de Fayt y suena difícil –-especulan en el tribunal– que intente que el Gobierno promueva un nuevo acuerdo. Cuentan que cierta vez lo encaró a Fayt: “Yo me voy, pero usted se va conmigo”. El caso de Petracchi sería una puesta a prueba cercana para la Corte, aunque no parece estar en los ánimos de sus integrantes declarar la inconstitucionalidad de la Constitución, como dejaron trascender sobre las aspiraciones presidenciales del colombiano Francisco de Narváez.

Al referirse a Fayt, Rossi advirtió que “es un ejemplo moral poco edificante para los propios miembros del Poder Judicial y para el resto de la República” que ya “han seguido otros magistrados sobre la base de la misma argumentación”. La apreciación sonó también a réplica, por elevación, al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que cuestionó su idea de los exámenes cada cuatro años en declaraciones a La Nación. “Nadie ve la necesidad de tomar exámenes”, dijo, porque las sentencias “están muy controladas” (por otros tribunales) “mucho más que los actos de otros poderes”.

Kunkel, consejero de la Magistratura, hizo un pedido de informes sobre jueces en edad de jubilarse. El listado actualizado es de once jueces nacionales, varios de los cuales iniciaron demandas similares a la de Fayt, con fallos favorables en instancias inferiores. El Consejo aprobó dos veces (en 2004 y 2006) pedidos para que el Poder Ejecutivo cada vez que un juez cumple los 75 años solicite un nuevo acuerdo al Senado.

“El Ejecutivo nunca atendió ese aviso, tal vez por razones políticas”, informa un influyente funcionario de la Magistratura a Página/12. Kunkel interpreta que si no hay nuevo pedido de acuerdo, los jueces deben jubilarse. Presentó un proyecto en ese sentido, con el argumento de cumplir con la Constitución, pero aún no se votó. ¿Quiénes integran la lista de la que habla? El camarista de Casación Pedro David (ahora está en el Tribunal Penal de La Haya), el camarista electoral Rodolfo Munné, el juez civil Roberto Raúl Torti, el juez correccional Fernando Luis Pigni, el juez de tribunal oral Enrique Alvarez Aldana, los camaristas laborales Juan Carlos Fernández Madrid y Néstor Rodríguez Brunego, el camarista de La Plata Julio Víctor Reboredo, el juez del fuero laboral Alfredo Néstor Bertolini, el camarista tucumano Raúl David Mender y el salteño Roberto Frías. La mitad, son mayores de 80 años.

“Kunkel intenta amedrentar a los jueces violando su independencia”, lo acusó el diputado radical Rubén Lanceta. Y reivindicó el carácter vitalicio de Sus Señorías. El asunto de los 75 años en sí no despierta una reacción unánimemente virulenta en la familia judicial, al haber una disposición constitucional de por medio. El titular de la Federación Argentina de la Magistratura, Abel Fleming, consultado por este diario, se mostró a favor del debate, pero cuestionó “que se plantee en un contexto de tensión entre el poder político y los jueces, lo que impide apreciar los argumentos y hace que todo se lea como avances de un poder sobre otro”. Aun así, elogió el sistema norteamericano, “donde no hay límite de edad porque se ve a los jueces más mayores como un aporte positivo para los jóvenes”. En alusión a los exámenes, Fleming dijo: “Los jueces no tenemos una negativa a ser evaluados, lo que rechazamos es ser evaluados por órganos con mayoría política, como la mayoría de los consejos de la magistratura”. Por eso, añadió, también discrepa con la propuesta K de que los consejeros abogados sean votados en las elecciones nacionales: “Si van en la boleta de un partido político, son representantes políticos”.

El titular de la Unión de Empleados de la Justicia, Julio Piumato, alentó “la evaluación periódica de los jueces” porque muchos, dijo, se limitan a firmar sentencias que escriben sus auxiliares. “La Justicia –acotó– sigue mirando de una forma al poderoso económico y de otra al ciudadano común.” El reclamo histórico de que los jueces paguen Ganancias apuntaría a romper con la lógica de los privilegios, pero hasta ahora el poder político nunca avanzó para que eso ocurriera.