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El caso de las escuchas ilegales en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha llegado a instancias judiciales decisivas. Pese a que no es una situación normal que un jefe de Gobierno sea llamado a presentarse ante la Justicia, la cuestión no debe reducirse a las instancias judiciales.

La responsabilidad política de Mauricio Macri es consecuencia de una serie de desaciertos que comenzaron cuando decidió dejar en manos del cuestionado Fino Palacios la Policía Metropolitana. Pese a las denuncias que lo llevaron a la cárcel, el gobierno de la ciudad ha mantenido en sus cargos a toda la plana mayor de la Policía Metropolitana que nombró Palacios. Y esto es consecuencia, al menos, de la falta de reacción de un gobierno que no ha actuado de conformidad con la gravedad de la situación. Que dentro de las estructuras del Estado de la ciudad se arme un equipo de espías no es responsabilidad de Ciro James ni del Fino Palacios. Si Mauricio Macri no tiene nada que ver, quedará demostrada su incapacidad y la debilidad del Estado que comanda para combatir la corrupción interna.

Un Estado que se construye, insiste y funciona, de manera adaptada, con estructuras cuyos responsables son personas comprometidas con el tipo de delitos por los que están siendo juzgados Palacios, James o Miguel Angel Colombo, deja de ser un Estado democratizado y corre serios riesgos de dejar a quienes debe proteger a merced del peligro y la inseguridad que él mismo genera.

El rol de víctima que ha adoptado Macri no ayuda a esclarecer los hechos y es un tímido intento de defensa que resulta poco creíble.

Desde la Legislatura de la ciudad tenemos la responsabilidad de realizar un seguimiento de la cuestión, con la prudencia necesaria, pero con la firmeza para que no se transforme en impunidad.

* Legislador porteño de Nuevo Encuentro.