Desde Bogotá

Colombia, un país subdesarrollado, de 45 millones de ciudadanos, y el mayor productor de cocaína del mundo, estrenará presidente el próximo 7 de agosto. Ayer se realizaron las elecciones que dieron como ganadores, en primera vuelta, al oficialista Juan Manuel Santos y al independiente Antanas Mockus. El que saque mayorías en las segundas votaciones el próximo 20 de junio será el reemplazo de Alvaro Uribe. Un país turbulento, en medio de escándalos criminales sobre el saliente presidente, y con mejoras en materia de seguridad, es el que recibe el nuevo mandatario.

Fortalecer el sistema judicial es uno de los principales retos del sucesor de Uribe. Una tradición de baja calidad y operatividad y corrupción entre los fiscales y jueces colombianos podría ser la explicación a la impunidad en innumerables crímenes, desde el homicidio, que creció un 25 por ciento en 2009, sobre todo en las ciudades capitales, cuyos territorios están en disputa entre narcos.

Un conflicto armado de más de cuarenta años continúa en desarrollo. El reciente proceso de desmovilización con paramilitares de extrema derecha está fracasando, según Human Rights Watch y los ex jefes paras extraditados a Estados Unidos. El paramilitarismo continúa vivo y rearmándose en bandas emergentes. En cuanto a la guerrilla, se le propiciaron duros golpes y hoy por hoy está disminuido su accionar en las ciudades. Sin embargo, los analistas hablan de que se están fortaleciendo en el área rural, pues mantienen el negocio del narcotráfico. Además, unos 300 secuestrados siguen en su poder. Producto de la guerra, el presidente que llega recibe un país repleto de víctimas, que aún no se pueden cuantificar en total. Se sabe de unos 50 mil desaparecidos, 5 millones de desplazados, pero no se calcula cuántos pueden ser los muertos por la violencia y menos los que sufren los dramas bélicos en escenarios como el emocional.

El país que gobernará el próximo jefe, es, indiscutiblemente, pobre. Hoy, según el Departamento Nacional de Planeación, 18 millones de colombianos viven en la pobreza y otro 16 por ciento también pero en condición “extrema”. Otros indicadores dicen que de cada 100 hogares colombianos, 46 son pobres. La economía recientemente mejoró, pues creció en dos y tres puntos cada año del gobierno Uribe. Sin embargo, para 2010 se pronosticó un crecimiento cero. En general, Colombia sigue siendo un país en vías de desarrollo y el desempleo continúa aumentando. En enero de este año, era el 14 por ciento de los colombianos el que estaba sin trabajo. El empleo informal predomina en el país. Santos promete crear un millón y medio de empleos durante su gestión. Para Mockus, lo más importante para generar empleo es extender y mejorar la educación. Por su parte, las cifras de desigualdad no son alentadoras. En el ranking mundial del índice Gini, que mide la llamada brecha social o desigualdad en los ingresos, Colombia ocupa el lugar 114 de 124. Para aliviar los déficit fiscales en que Uribe deja el país se piensa una reforma tributaria, otro tema que tendrá que enfrentar el nuevo jefe de Estado.

El de las drogas es uno de los temas más sensibles para el próximo mandatario. Pese a que Uribe prometió arremeter contra los productores y traficantes, los cultivos aumentaron y el negocio del narcotráfico sigue tan vivo como antes, incluso revelándose su infiltración en el Estado. “Colombia es el mayor país de cultivo del arbusto de coca, con 81.000 hectáreas, seguido de Perú y Bolivia”, informó la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Onudd), en su informe de 2009. Los cultivos crecieron en un 27 por ciento durante 2007, según Naciones Unidas.

La relación entre mafia y Estado es otra de las piedras angulares para el gobierno siguiente. En las últimas décadas se comprobó cómo el ex presidente Samper se financió con dineros del narco y hoy se denuncia la relación del actual mandatario y hasta de sus familiares, como su hermano menor, con escuadrones de ultraderecha cuyo negocio es la mafia. Oscuros episodios de hechos criminales cometidos desde el gobierno, como escuchas ilegales y ejecuciones extrajudiciales, son otros aspectos que no sólo políticamente tendrá que enfrentar un nuevo jefe de gobierno. Qué tanto apoyará la búsqueda de la verdad, el ejercicio de la justicia y la penalización contra los culpables está por verse.