La causa por el robo a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense culminó su etapa de investigación y fue elevada a juicio oral por el fiscal Marcelo Martini, con cuatro imputados que el 30 de diciembre pasado se llevaron dinero, aparatos electrónicos e información del despacho de la secretaria Sara Derotier de Cobacho. La Cámara rechazó pasar el caso al fuero federal, por lo cual será juzgado como un simple robo. Durante estos meses, el devenir de la causa exasperó las diferencias internas entre un grupo de funcionarios políticos y el subsecretario Fernando Cano.

Uno de los episodios que reflejaron el conflicto ocurrió a fines de marzo cuando Gustavo Jacob, José María Ernst y Juan Gómez se negaron a ir a un reconocimiento de los detenidos por el robo, con el argumento de que habían sido “apretados” por el subsecretario Cano y su esposa, Amanda Cerutti, nieta de Cobacho. Según expresaron en una carta de renuncia, Cano y un abogado ajeno a la secretaría los “coaccionaron para ir a una rueda de reconocimiento, porque por decisión de Sara era conveniente que fuéramos solos porque ya estaba arreglado con la fiscalía cerrar la causa con un juicio abreviado”. Los tres se negaron a cumplir esa “orden espuria” y aclararon que no sospechan de la fiscalía sino de Cano y Cerutti, a quienes acusan de “ensuciar a quien disiente”. En la misma carta arrojaron dudas sobre ambos al afirmar que “el manejo del presupuesto y la caja fuerte de la secretaría lo tienen ellos”, y al destacar que Pablo Césaro (uno de los acusados que serán juzgados por el robo) era chofer del subsecretario.

“Por supuesto que Cano los apretó, les dijo que no se podían negar a cumplir una orden judicial, yo demoré en presentarme a esa rueda porque estaba descompuesta en mi casa, luego del asesinato de Silvia Suppo, pero me enojé mucho cuando supe que no fueron”, contó Cobacho a Página/12. La funcionaria dividió las aguas al afirmar que fue doloroso para ella separar a estas personas por la confianza y el trabajo conjunto de años, pero no dudó en respaldar sin fisuras a Cano. “Me ofende que duden de Cano porque es como si dudaran de mí”, dijo.

El reconocimiento era para identificar a uno de los acusados como autor material, Gastón De Rito, que entró armado con Juan Mateos al despacho de Cobacho y estuvo prófugo. A la semana siguiente fueron todos de nuevo a la fiscalía, pero De Rito se negó a presentarse. “Ahí me generaron más dudas, entonces eché a dos más, funcionarios políticos no trabajadores”, dijo la funcionaria, y así devolvió el guante de la sospecha arrojado por sus ex colaboradores. “¿Qué ha cambiado, compañera, nosotros que siempre bregamos por la memoria, verdad y justicia, ahora ‘arreglamos causas’ y queremos que cierren sin investigar la verdad?”, se habían preguntado Jacob, Ernst y Gómez. Cobacho negó cualquier apuro por finalizar la investigación.

De todos modos, el fiscal Martini no basó su acusación en este cruce de sospechas mutuas. “No hubo ningún acuerdo para terminar la causa, se hizo cuando estuvo todo probado”, comentó a este diario una fuente de la fiscalía. Los cruces de llamados entre el entregador Césaro y los autores materiales fueron determinantes y no aparece ninguno que vincule a su jefe (el subsecretario Cano) con el hecho, según afirmó una fuente del caso. Los autores materiales fueron Mateos y De Rito, el cómplice fue Rodrigo Cano Moriconi (sin vínculo con el subsecretario), que hizo de “campana” y fue el comprador de lo robado. Este último tiene contactos con los negocios platenses de la pirotecnia y estaría vinculado con la hinchada de Gimnasia y Esgrima. La negativa de De Rito a presentarse al reconocimiento le jugó en contra a la hora de ser acusado. Pero tanto al fiscal Martini como a Cobacho les quedó un sabor amargo porque la Cámara federal de La Plata no aceptó que el caso pase a la Justicia federal por su “gravedad institucional”. Martini comprobó que la información que la funcionaria tenía en su computadora portátil fue copiada, y los legajos referidos a procesos por violaciones a los derechos humanos sustraídos de la caja fuerte, además de los datos sobre denuncias por abusos de la Policía Bonaerense, nunca aparecieron. Por esto ambos sostuvieron desde el principio que no se trató de un robo común. Al menos, a la acusación final de “robo agravado por el uso de armas” el fiscal agregó “violación de secretos de Estado”.

Cabos sueltos

Una de las personas que estaban en el despacho durante el robo afirmó que Sara gritó “se llevaron la plata, esa plata nunca la vamos a recuperar”. Pero más tarde la funcionaria se habría rectificado diciendo que ese dinero ya había sido depositado. Página/12 pudo saber que la versión sobre la sustracción de 190 mil pesos en lugar de los 11 mil que Cobacho afirmó que le sacaron de la cartera, que eran su pago como senadora y su pensión, fue introducida en forma intencionada por la defensa de los acusados y recogida en el expediente en medio del irregular operativo de devolución de la computadora, al punto que el fiscal invalidó el acta y la envió a estudio de Asuntos Internos. Consultada en su momento por este diario, Cobacho dijo que eso es “imposible” porque “nos manejamos con mucho menos”, y un empleado con mucha antigüedad en la secretaría, no precisamente alineado a la funcionaria, confirmó que “no es un lugar de recaudación de dinero”.

El ex subdirector de Promoción de la Secretaría Daniel Vicente Cabezas había pedido en marzo la renuncia del subsecretario Fernando Cano por vaciar el organismo, frenar trabajos de derechos humanos y utilizar su puesto con aspiraciones políticas. Cabezas también vinculó al funcionario con la teoría de los dos demonios y planteó dudas sobre el destino del “millonario presupuesto” del organismo. Cabezas fue despedido tras atribuírsele un mail anónimo contra Cano. En su defensa salió el también ex director de Promoción y Protección de los Derechos Humanos Germán Córdoba, quien abonó la teoría de los 190 mil pesos robados y también acusó a Cano de vaciar de contenido la secretaría: mencionó una confrontación permanente con los empleados y “una caza de brujas”, el despido de los promotores territoriales y el impedimento a toda gestión en las cárceles. “No hay ningún vaciamiento ni Cano defiende esa teoría”, dijo Cobacho. Según explicó, es un abogado sindicalista echado de la Aduana “por querer defender a compañeros”, trabajó con Alicia Pierini y luego con Juliana Marino. “Su compromiso es cuidarme las espaldas en cuanto a temas administrativos que no puedo manejar”, agregó.

Un trabajador de la secretaría aseguró a Página/12 que la mayoría de las denuncias contra Cano son ciertas, pero destacó que son las mismas que ellos les venían planteando a varios de los funcionarios despedidos y a la propia Cobacho, sin respuesta: “Lo dicen ahora que los sacaron y cargan sólo contra Cano cuando es la propia Cobacho quien lo respalda ahora y siempre”. Para el renunciado Córdoba, antes del robo Cobacho frenaba cualquier iniciativa autoritaria de Cano y luego las avaló y “se atrincheró en su núcleo duro”. Los trabajadores de la secretaría sólo ven pasar un conflicto interno que no les pertenece.