Un grupo de movimientos sociales pidió cambios, en un acto celebrado en la sede del Colegio de Abogados de Brasil, en la política de seguridad del gobierno regional de Río de Janeiro para las favelas. La demanda tiene lugar después de las denuncias sobre torturas cometidas por los policías que ahora ocupan las barriadas pobres. “La política de seguridad pública actual no puede convivir con un régimen democrático”, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, Wadih Damous, quien calificó de inaceptable la violencia policial denunciada en las favelas, donde fueron instalados cuarteles tras la expulsión de los grupos de narcotraficantes que las dominaban. Los cambios también fueron requeridos por representantes de grupos como la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB, episcopado) y la Asociación Brasileña de Prensa (ABI).