El juez federal Sebastián Casanello resolvió impedir el acceso del fiscal José María Campagnoli a la causa en la que se investiga a Lázaro Báez, Federico Elaskar y Leonardo Fariña por supuesto lavado de dinero, a menos que demuestre que tiene “un interés legítimo”. Lo hizo a pedido de las defensas del empresario kirchnerista y del contador Daniel Pérez Gadín, también imputado, quienes denunciaron que el fiscal se la pasa sacando fotocopias del expediente para duplicar en el fuero donde actúa, el ordinario, la investigación que se lleva adelante en la Justicia federal. Un diagnóstico similar se conoció la semana pasada, cuando el fiscal federal Jorge Di Lello decidió impulsar una investigación penal contra su colega Campagnoli para determinar si se sirvió de un dictamen que habría sido elaborado por abogados del Grupo Clarín para direccionar contra Báez la pesquisa a su cargo, que originalmente comprometía al financista Elaskar, quien devino víctima.

Casanello investiga una posible red de lavado de dinero a partir de la aparición de Elaskar y Fariña en el programa Periodismo Para Todos, donde aludieron a presuntas operaciones realizadas a través de la financiera SGI (que manejaba Elaskar), con las cuales se habrían girado al exterior 55 millones de euros que relacionaban con el empresario Báez. Al declarar como sospechosos en tribunales, ambos de desdijeron de su relato. Su situación procesal está en veremos, ya que para demostrar el lavado hay que detectar cuál fue el delito que dio origen al dinero sucio. Las otras personas investigadas, como Báez, su hijo Martín y Pérez Gadín, no fueron aún citadas a indagatoria. El fiscal de esta causa es Guillermo Marijuán. Campagnoli, de la fiscalía de Saavedra, interviene en otra causa que empezó con una denuncia contra Elaskar por “administración infiel”, por asumir una hipoteca de SGI sin consultar a los accionistas, en el año 2007. Pero el expediente se convirtió en una imputación por una extorsión en teoría ejercida sobre Elaskar, para que vendiera SGI –conocida como La Rosadita– a un precio vil, según lo relató el financista también en la televisión.

Campagnoli pidió las indagatorias de Báez, Pérez Gadín y una serie de personas vinculadas con ellos. Campagnoli volcó parte de su investigación en un dictamen del 22 de junio, pero fue denunciado por uno de los imputados (Jorge Chueco), quien dijo que un borrador de ese dictamen estaba en manos de un abogado del Grupo Clarín, del estudio Sáenz Valiente, y lo presentó como prueba en un juicio civil. La semana pasada, el fiscal Di Lello imputó a su colega y le pidió medidas al juez Rodolfo Canicoba Corral para que se investigue si obró como para direccionar el expediente.

Los abogados defensores pidieron la nulidad de todo lo actuado por Campagnoli y que sólo investigue la Justicia federal. Ayer, por esa discusión de competencia, hubo una audiencia en la Sala V de la Cámara del Crimen. Chueco sostiene que Campagnoli montó una investigación paralela. Y lo mismo plantearon los abogados de Báez (Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán) y el defensor de Pérez Gadín (Oscar Vignale) ante Casanello. Se quejaron con el argumento de que con las copias que se fue llevando de la causa sobre lavado que tramita en el fuero Federal, fue construyendo otra causa igual, generando una “doble persecución”. Sin afirmar si efectivamente existe un expediente dudoso paralelo, Casanello le pidió a Campagnoli que si va a seguir pidiendo fotocopias acredite “el legítimo interés” y que, si no, se las pida a la fiscalía de Marijuán.