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Ecuador en 1997, Perú en 2000, Argentina en 2001 y ahora Bolivia en 2003... La movilización de calles parece estar convirtiéndose en el método preferido de renovación de autoridades en América del Sur, y esto sin tener en cuenta la combinación de protestas populares y pronunciamientos de Hugo Chávez que terminaron con el gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Los de Abdalá Bucaram en Ecuador, Alberto Fujimori en Perú, Fernando de la Rúa en la Argentina y Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia tienen en común la característica de haber sido todos pésimos gobiernos, pero la vía de su salida de escena tiene también en común el deterioro de las formas existentes de democracia representativa. Vale decir: la enfermedad de los gobiernos corrompe la salud de los sistemas, y la sublevación popular toma el lugar de la sucesión de poderes.
En el caso de Bolivia, terminó un presidente, pero todos los problemas siguen en su lugar. Casi se diría que siguen de manera exacerbada. Porque Carlos Mesa, el vice que anoche ascendió a la primera magistratura, es inherentemente un mandatario más débil que el anterior. Los líderes de la revuelta popular aceptaron que accediera al mando de forma de proveer una forma de salida suave constitucional a un enfrentamiento que hasta ese momento se había dirimido con lucha de calles, piedras, palos, disparos y sangre. Pero no lo hicieron de manera gratuita. Bajo la Constitución boliviana, tras la renuncia del presidente es el vice el que asume su lugar y gobierna por el resto del mandato original del primero. En Bolivia, ese resto es de casi cuatro años. Pero Evo Morales, Felipe Quispe y el resto de los líderes populares condicionaron su apoyo a Mesa a su convocatoria a Asamblea Constituyente, elecciones en pocos meses, anulación completa de los contratos de venta de gas con las multinacionales y restitución de los recursos naturales a los bolivianos. Quispe mismo aclaró ayer que los cortes de ruta y las medidas de fuerza seguirán, porque no se trata solamente del reemplazo de un funcionario por otro. Es evidente, por lo tanto, que la crisis no se ha resuelto, sino que ha subido un nuevo escalón. Que Mesa haya accedido a la mayoría de esas demandas implica que el proceso recién empieza.
El país con Sánchez de Lozada se había vuelto ingobernable, y no es seguro de qué manera Mesa podrá hacerlo más gobernable. En la Argentina tomó casi un año y medio de inestabilidad y peligro antes de que todo llegara a un punto de estabilización. Y en Bolivia, como en la Argentina en ese tiempo, un año parece más allá de la eternidad.