Desde Barcelona

¿España está mejor que en 2011, cuando Mariano Rajoy asumía el mando de un país profundamente golpeado por la crisis económica? El líder del Partido Popular (PP) repite en cada uno de sus mítines que sí, las cifras de los últimos estudios demoscópicos a simple vista parecieran demostrarlo pero en la calle, en las casas, en las escuelas, en los hospitales, la realidad no se corresponde con tanto optimismo.

Este mes el segundo sindicato español por número de afiliados, UGT, hizo público un análisis sobre el mercado laboral que explica ese contraste que cada día los ciudadanos perciben entre “lo que dice la tele” y lo que pasa en el barrio. La famosa subida del empleo del 3,3 por ciento anual en el primer trimestre de 2016 de la que alardea Rajoy oculta tanto el grave problema de la precarización del trabajo como el aumento de la brecha entre la bajada de las rentas salariales y el crecimiento de las rentas empresariales.

Es cierto que las cifras laborales muestran un avance en términos cuantitativos. La última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) dice que en el primer trimestre de 2016 hubo un crecimiento anual del empleo del 3,3 por ciento, pero los técnicos de la Unión General de Trabajadores (UGT) consideran que este incremento se explica por las características propias de la economía española que - dada su configuración en torno al turismo y la hotelería- crea mucho empleo en el sector Servicios y es una mejora numérica que nada dice acerca del empeoramiento de las condiciones de esos puestos, sobre todo, a partir de la reforma laboral del PP en 2012.

Para empezar a desmenuzar las cifras rimbombantes del gobierno, un buen ejercicio es el de leerlas junto al mapa de España correspondiente. Si bien es verdad que, comparando con el mismo trimestre de hace cuatro años, hoy hay más empleo a nivel estatal, no ocurre lo mismo por regiones, habiendo creación de trabajo en 10 autonomías y destrucción del mismo en 9 de ellas. Las provincias en las que casualmente más empleo se generó fueron aquellas que están más vinculadas al turismo (Andalucía, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias y Cataluña), lo cual evidencia cuál es el motor de la economía nacional desde que el boom de la construcción cayó en picado con la crisis del 2008.

Las cifras de la EPA también confirman el que hoy en día es el mayor problema de los españoles: la precariedad laboral. La recesión económica acarreó porcentajes de desocupación escalofriantes y hasta el año 2013 se registraron 3,4 millones de puestos de trabajo menos y casi un 50 por ciento de la población menor de 30 años relegada del mercado laboral. En los últimos años esos números descendieron pero el precio que las políticas neoliberales de Mariano Rajoy hizo pagar a la ciudadanía fue caro: un acusado deterioro de las condiciones de trabajo.

Así, mientras los contratos indefinidos crecieron en el primer trimestre de 2016 a un ritmo de variación anual que no llega al 2 por ciento, los temporales superaron el 10 por ciento. Este fenómeno se viene produciendo desde hace tres años y la tasa de temporalidad subió hasta el 25 por ciento del primer cuarto de 2016, muy lejos de la tasa de la Unión Europea, que no supera el 15 por ciento. La reforma laboral del PP dio facilidades a los empresarios para hacer contratos de corta duración o “de obra y servicio” en detrimento de los fijos o indefinidos, a la vez que abarató la indemnización por despido. La nueva regulación- que hoy el resto de partidos promete derogar- propició un contexto de profunda inestabilidad laboral que, sumado al miedo generalizado de quedarse en la calle que ya existía desde el estallido de la crisis, dio un ancho margen a las empresas para recortar en derechos laborales y salarios.

Un abogado menor de 30 años, por ejemplo, llega a cumplir una jornada laboral de entre 10 y 12 horas por un sueldo promedio de 1500 euros, lo mismo que le ocurre a un profesor o a un arquitecto, y la mayor parte de los camareros o vendedores, por su parte, no cobra en blanco ni la mitad de su sueldo. La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Maricarmen Barrera, subrayó también en el estudio publicado este mes de junio el debilitamiento del sistema español de la Seguridad Social (el sistema público de sanidad y pensiones) que llegó a España con la precariedad. “Es necesario que se incrementen los ingresos porque sino la caja de la Seguridad Social no se va a recuperar nunca”, señaló, remarcando que “el responsable de esto es el PP y su modelo de mercado laboral”.

Y si ya las arcas públicas están flacas por la disminución de los aportes, desde Bruselas exigen correr un agujerito más el cinturón. La Comisión Europea aplazó el pasado mayo la decisión sobre las sanciones a España y Portugal por los incumplimientos del déficit para no influir en la campaña electoral del 26-J, pero anunció que el próximo inquilino de la Moncloa tendrá que hacer un ajuste fiscal de más de 8.000 millones entre 2016 y 2017- lo cual condicionará el arranque de la legislatura- además de pagar una posible multa de hasta 2.000 millones en julio.

Mientras Rajoy prometía alegremente durante la campaña que si volvía al poder rebajaría los impuestos a la renta y se inflamaba con la subida del empleo en un 3,3 por ciento, el país que hoy deja- tanto los demás partidos como Bruselas insistieron en recordárselo- posee un déficit que supera el 5 por ciento, una deuda por encima del 100 por ciento del PIB, el 19,5 por ciento de la población ocupada (3,4 millones) con unos ingresos inferiores al salario mínimo y hasta el 40 por ciento que no llega ni a “mileurista”, una categoría que desde que asumió el PP hasta ahora pasó de ser una degradación a un privilegio.