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Extraña situación la española de ayer. Mientras transcurría la jornada de reflexión, víspera de los comicios generales de hoy, superpuesta a la consternación y el luto por el atentado atroz del jueves, el electorado ansiaba conocer la verdad sobre los autores. Saber si fue ETA o Al-Qaida es un elemento de juicio esencial para decidir el voto. Esto no sugiere que haya una correlación automática: si fue ETA, votar al Partido Popular. Si fue el terrorismo islámico, votar contra el PP. Pero está claro que el esclarecimiento de la masacre permitiría calibrar los costos del ciego alineamiento del gobierno de José María Aznar con Washington y Londres en la invasión a Irak, a pesar de que la mayoría de los españoles no deseaba involucrarse en ese conflicto y no creía en las razones invocadas.
Tratándose de la jornada de reflexión, con obligada abstinencia proselitista, la España política no podía, por impedimento legal, discutir ayer abiertamente la cuestión. Esta mordaza, tan razonable pero inoportuna esta vez, confería al oficialismo la chance de demorar la difusión de la información disponible, en la medida en que apuntase hacia Al-Qaida, y así lograr que al menos reinase la incertidumbre durante el sufragio. En la práctica, la ley maniataba a los partidos opositores. Su lugar, por tanto, fue tomado por manifestaciones de gente automovilizada, que salió a hostigar al PP. Este respondió, a través de su candidato, con advertencias y amenazas, trasunto de su extremo nerviosismo.
Se sabe que la oposición fomentó calladamente la movilización de la gente para reclamar información. Las concentraciones no fueron tan “espontáneas” como se supone, pero de alguna forma tenían que impedir que el partido de Aznar abusase de la circunstancial ventaja que le otorgaba la ley. Correos electrónicos, celulares y el boca-a-boca convocaron a las manifestaciones, dotadas de pancartas que rezaban PAZ (es decir, no a la guerra de Irak y por el retorno de las tropas hispanas) o acusaciones e invectivas más directas aún contra Aznar y el PP, que algunas cámaras de televisión se encargaban a su vez de propagar como consignas letales para las esperanzas de Mariano Rajoy, el candidato continuista a La Moncloa.
La revelación de que fueron detenidos tres marroquíes y dos indios, que obviamente no son etarras, muestra a un gobierno resuelto a desmentir cualquier manipulación, porque ayer por la tarde, no pudiendo ya empeñarse en la hipótesis vasca, más le convenía jugar la carta de la transparencia. Maniobrar con la información se había tornado más costoso aún que no hacerlo.