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Del “coronel progresista” al “que se vayan todos”

Cuando Lucio Gutiérrez asumió prometió acabar con la corrupción, una constante en el pasado ecuatoriano. Una Corte Suprema señalada como partidaria y el fantasma de Abdalá Bucaram formaron parte del entramado político de las últimas horas de Gutiérrez en el sillón presidencial.

 Por Mercedes López San Miguel

Dos años y tres meses después de llegar a la presidencia de Ecuador con la bandera populista, Lucio Gutiérrez siguió los pasos de los últimos gobernantes de su país al ser apartado del poder por el Parlamento. A pesar de haber contado con una mayoría legislativa, los congresistas maniobraron ayer dándole la espalda, sopesando la fuerza de las últimas manifestaciones en apariencia espontáneas que los mismos ecuatorianos analogaron a los cacerolazos de diciembre de 2001 en Argentina. La clase media, sobre todo, salió a las calles de Quito con la pancarta: “Que se vayan todos”, dirigida a la batalla partidaria por el control de la Corte Suprema de Justicia y a la figura del mandatario –por corrupción–. El disparador de la convulsión que ha vivido el país desde la semana pasada fue la decisión de Gutiérrez el viernes de destituir el máximo tribunal, cesación luego ratificada por el Parlamento. Paradójicamente, ese tribunal había sido modificado en diciembre por el Legislativo en sintonía con el Ejecutivo.
Gutiérrez ganó las elecciones el 24 de noviembre de 2002 y tomó posesión de la presidencia ecuatoriana el 15 de enero de 2003. El mandatario, por aquel entonces abierto admirador del venezolano Hugo Chávez, dijo a esta periodista a poco de asumir que propulsaría “un diálogo nacional alrededor de cuatro objetivos: acabar con la corrupción, despartidizando a las cortes de Justicia y elegir representantes por colegios electorales; crear una cuarta función del Estado de control de cuentas; sacar una ley de reforma del Código Penal para llevar a cadena perpetua a los funcionarios corruptos e introducir principios éticos en los cargos públicos y, por último, reducir la pobreza y destinar mayor presupuesto en salud y educación”. Hoy estas palabras evocan promesas de inicio de romance.
La chispa del conflicto que obligó la salida del ex coronel Gutiérrez ha sido la reorganización de la Corte Suprema de Justicia, cuya disolución ordenada el 15 de abril por el mandatario fue dejada sin efecto por el Congreso dos días después, sin que las protestas cesaran (inicialmente en la capital, luego en Guayaquil, Cuenca, Latacunga y otras ciudades). Lo acusaron de aliarse con el ex presidente Abdalá Bucaram, aquel excéntrico deslumbrado por el menemismo y la convertibilidad de Argentina que pidiera el asesoramiento a Domingo Cavallo. Bucaram acaba de regresar a Ecuador después de ocho años de exilio en Panamá y pesan sobre él dos juicios por malversación de fondos. El nuevo presidente de la Corte Suprema del 8 de diciembre anuló los juicios por presunta corrupción que se seguían contra Bucaram, el otro ex mandatario Gustavo Noboa (también regresó de su exilio) y el ex vicepresidente Alvaro Dahik. Recordemos que la fórmula Jamil Mahuad y Gustavo Noboa tomó posesión el 10 de agosto de 1998. Un año después, la popularidad de Mahuad se desmoronó a causa de sus políticas de ajustes económicos y la peor crisis bancaria en la historia del pequeño país andino (1999-2000), para terminar de ser derrocado el 21 de enero de 2000 por la rebelión indígeno-militar liderada por el entonces coronel Lucio Gutiérrez.
Las crisis políticas que afrontó Gutiérrez se remontan a seis meses después de su toma de posesión, al destituir a varios de sus ministros pertenecientes al partido indígena Pachacutik que se opusieron a la firma de un acuerdo con el FMI que ratificaba la dolarización. El gobierno justificó después: “Desde la crisis hasta la fecha la pobreza urbana pasó del 70 al 50 por ciento”. Pachacutik, Sociedad Cristiana y Socialdemocracia se ubicaron en el frente opositor, con 42 escaños. A partir de entonces, el presidente tuvo que hacer frente al bloqueo en el Parlamento, donde su partido, Sociedad Patriótica, sólo contaba con siete congresistas de un total de 100 y debió tejer alianzas con los partidos tradicionales, para sacar adelante sus proyectos de privatización de las industrias petroleras y eléctrica y de reformas institucionales y de la seguridad social. Con todo, el mandatario pudo librarse de un juicio político, al que los conservadores, la izquierda y los indígenas intentaron someterlo en noviembre de 2004, gracias a su alianza con dos formaciones tradicionales, el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), liderado por Bucaram, y el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian), del magnate bananero Alvaro Noboa (que perdió en las pasadas elecciones). Gutiérrez era acusado de uso indebido de dinero público, cohecho y delitos contra la seguridad del Estado.
Esa nueva alianza permitió que el Congreso sustituyera en diciembre de 2004 a 27 jueces de los 31 de la Corte Suprema de Justicia, lo que originó un fuerte descontento social y político. El 8 de ese mes, una mayoría parlamentaria afín a Gutiérrez cambió la composición de la Corte Suprema. Con el desprocesamiento de Bucaram y Noboa, el nuevo tribunal no maquillaba su politización. Se fue Gutiérrez. El Congreso no, todavía. El estigma de la corrupción está muy firme.

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