El presidente Bush lanzó ayer un apasionado contraataque a las críticas de sus propuestas para darles a los interrogadores de la CIA rienda suelta a su tratamiento de los sospechosos de terrorismo. “Es vital para los hombres en la línea del frente, que se tengan las herramientas necesarias para proteger al pueblo estadounidense”, dijo. El programa de la CIA, que involucra a cárceles secretas profundamente controversiales fuera de Estados Unidos, era uno de los elementos más importantes para futuros ataques terroristas, agregó. “Si no fuera por este programa, Al Qaida hubiera logrado lanzar otro ataque en tierra estadounidense.”

El presidente habló en una conferencia de prensa preparada de apuro, menos de 24 horas después de que un grupo de importantes senadores republicanos montara una abierta revuelta contra su propuesta, votando a través del Comité de las Fuerzas Armadas su propio proyecto de ley, que les da a los detenidos mayores garantías. Bush prometió que trabajaría con ambos partidos para pasar una “legislación que funcione”. Pero en lo esencial no cedió ni una pulgada. El criterio clave era si la CIA creía que lo que emergía del Congreso le permitiría hacer su trabajo. “Tenemos que ser capaces de interrogar a esa gente”, continuó. Pero las normas actuales, establecidas en el Artículo Tres de la Convención de Ginebra de 1949, eran “tan vagas”, que los interrogadores no podían cumplir con su tarea sin correr el riesgo de ser acusados de crímenes de guerra, basado en las decisiones de cortes de otros países, argumentó el presidente norteamericano. “Yo no creo que los estadounidenses quieran eso”, dijo. También instó a los legisladores a que actúen rápidamente para aprobar la ley autorizando el programa de escuchas telefónicas por parte de la Agencia Nacional de Seguridad –también vital para la protección del país, sostuvo Bush–.

Las críticas a la política de la Casa Blanca para los detenidos acusados de terrorismo van mucho más allá de los rebeldes del Senado del miércoles, que incluyen a John Warner, el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas, y John McCain, el favorito para la nominación presidencial republicana del 2008, quien padeció la tortura mientras fue un prisionero de guerra en Vietnam. Colin Powell rompió esta semana un largo silencio desde que dejó de ser secretario de Estado, para advertir que el enfoque de Bush dañaba la imagen de Estados Unidos en el mundo y aumentaba los potenciales riesgos de los soldados estadounidenses capturados en futuros conflictos. El general John Vessey, igual que el general Powell, un ex presidente del Estado Mayor Conjunto, también le escribió a McCain diciendo que Estados Unidos tenía que mantener sus propios valores, cualquiera fuera la conducta del enemigo.

Al mismo tiempo, el Washington Post –generalmente comprensivo con la “Guerra contra el Terror” de Bush– ayer escribió “Un momento decisivo para Estados Unidos” y “El presidente va al Capitolio para hacer lobby a favor de la tortura”.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.