El sorprendente período de expansión de la economía mundial, que va para cumplir cinco años de un crecimiento sincrónico de las diferentes zonas del globo, pone en tensión el sistema de abastecimiento energético. El motor de la locomotora del capitalismo que avanza a velocidad es alimentado por diferentes fuentes de energía que presentan distintas complejidades en cuanto a recursos y usos. Esa marcha se enfrenta a un problema de restricciones en la oferta ante una demanda creciente. Ante esa dificultad, casi todos los países disponen medidas como parte de una política integral para enfrentarla. Entre varias de las iniciativas conocidas, por caso, Uruguay y Brasil suben el precio de los combustibles, en Europa cambian el horario para un uso racional de la energía y se alienta la producción de biocombustible, Alemania lidera la inversión en energías alternativas como el hidrógeno, España impulsa la eólica en la zona de Galicia, China construye monumentales centrales hidroeléctricas (la más grande del mundo, las Tres Gargantas sobre el río Tangtsé) y realiza acuerdos de abastecimiento con los principales países petroleros y Estados Unidos consolida la política de reservas estratégicas con su stock de intervención, además de invadir a Irak. Las compañías privadas aumentan las inversiones en explotaciones de yacimientos off shore y en avances tecnológicos para mejorar los factores de recuperación de pozos maduros. También se han incrementado los fondos destinados a uno de los cuellos de botella más relevantes del negocio de los combustibles, que consiste en la capacidad de las refinerías que no dan abasto para procesar el crudo requerido por el mercado. En concreto, en el mundo se reconoce que existe un problema y, por lo tanto, que se necesitan soluciones. A ese problema se lo denomina crisis energética. Y Argentina no está ajena a esa crisis.

Después de tantos y traumáticos golpes padecidos por la sociedad a lo largo de los últimos treinta años, es comprensible que la palabra crisis quiera ser esquivada por el Gobierno. Pero, a esta altura, es ingenuo pretender ocultarla. Más aún cuando las crisis no son todas iguales. Los cortes de luz durante el gobierno de Raúl Alfonsín, además de las desfavorables cuestiones climáticas, fueron consecuencia de la desinversión pública e ineficiencia en la gestión estatal. La ciudad a oscuras y los generadores en las puertas de los locales e industrias eran síntomas de la decadencia económica. En cambio, ahora, la crisis tiene un origen opuesto al nacer del fuerte proceso de crecimiento económico a tasas del 9 por ciento anual en los últimos cuatro años, y que proyecta seguir a un ritmo menor pero igualmente intenso en el 2007. Se trata de una crisis generada por el crecimiento, no por una debacle. No es un signo de debilidad, al cual el Gobierno no quiere quedar asociado y, por ese motivo, está obsesionado en evitar la palabra crisis en el universo mediático. Por el contrario, se trata de una muestra de fortaleza de su política económica. Además, está en una posición relativa mejor en relación con otros países (por disponibilidad de fondos y de diversidad de fuentes energéticas) para encontrar caminos para superar las restricciones por el lado de la oferta.

Pese a ese escenario favorable resulta evidente que algo no se hizo del todo bien para llegar a un estadio del sistema energético al borde del colapso. En apenas un mes se sucedieron una serie de medidas que reflejan por un lado que el Gobierno se hace cargo del problema, pero por otro revela que por parte del Ministerio de Planificación hubo imprevisión, modorra, aplicación de parches o excesiva fe de que las soluciones vendría del sector privado en forma espontánea confiados en una imprecisa alianza estratégica. Las iniciativas de centrales nucleares, de elevación de la cota de Yacyretá, de las construcciones de centrales termoeléctricas y los proyectos de nuevas represas hidroeléctricas tienen tiempos de maduración más o menos largos, pero ninguno brinda una respuesta de corto plazo para satisfacer una demanda creciente. ¿Por qué se esperó tanto para lanzar esos proyectos? Es una pregunta que no encuentra respuesta satisfactoria en los despachos oficiales. Ante una tardía estrategia para incrementar la oferta aparecen las restricciones ineludibles por vía de la demanda, que abren las puertas al poderoso lobby energético. También a medidas de urgencia que provocan más costos políticos que el de reconocer que el crecimiento acelerado desemboca en una crisis energética, del mismo modo que le pasa a la mayoría de los países.

La más reciente expresión de ese lobby se concretó a mediados de semana cuando la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de incentivo fiscal a la exploración petrolera. Esa norma resulta una peculiar utilización de recursos públicos a través de beneficios con el IVA, Ganancias y exenciones en el pago de los derechos de importación. Las petroleras son compañías con una rentabilidad elevadísima por factores internacionales conocidos. Y para que realicen inversiones que no hicieron en su debido momento toda la sociedad tiene que destinar fondos, que se podrían sumar a rubros más sensibles del presupuesto nacional, para que un sector con ganancias extraordinarias tenga ánimo de invertir.

Por ese motivo, resulta indispensable contextualizar la actual crisis energética y precisar responsabilidades compartidas del sector privado y el Gobierno. Los primeros, a través de “analistas energéticos” –que imitan la misma función de desinformar que asumieron los economistas de la city–, expresan los reclamos de las empresas, que consisten, básicamente, en que la falta de inversión se debe a tarifas atrasadas que no permiten una rentabilidad adecuada. También hacen hincapié en la ausencia de previsión estatal por no enviar “señales” de largo plazo con un horizonte creciente de precios. “En esa posición se mezclan argumentos falaces y otros parcialmente válidos”, apunta el experto Roberto Kozulj en uno de sus trabajos de investigación. Explica que “en la primera categoría (falacias) se hallan los que presumen la conexión automática entre rentabilidad e inversión y los que señalan una pérdida indiscriminada por parte de las empresas como consecuencia del ‘cambio unilateral de reglas de juego’”. Kozulj señala que en la segunda categoría “se halla, obviamente, la imprevisión estatal”, deficiencia que no se encuentra en la definición de tarifas, sino que –destaca– “se remonta al comienzo mismo del ciclo de privatización en los noventa”. Desde entonces se establecieron las reglas de juego del mercado energético en todos sus segmentos, “librando el proceso de expansión a reglas de mercado bajo el supuesto de que ellas, por sí mismas, lo resolverían de un modo óptimo”.

La histeria por la falta de gasoil, los ocultos cortes de electricidad en el interior del país y la autorregulación de la energía eléctrica por parte de la industria son algunas de las manifestaciones de un sistema que está funcionando al límite. En ese complejo panorama, la ecuación básica y esencial pasa por contar con energía abundante para no detener el actual proceso de crecimiento. Entonces, las soluciones a las restricciones de oferta se encuentran en si todo el sector energético percibe que si no invierte las pérdidas pueden ser mayores que las ganancias obtenidas por medio de su influyente lobby. Y, a la vez, si el Estado asume con firmeza el control de la crisis aun a riesgo de debilitar ciertas alianzas estratégicas.