El jefe de seguridad del Departamento de Estado norteamericano, Richard Griffin, renunció ayer, mientras crecen las dudas sobre el uso de contratistas privados para la seguridad en Irak y a más de un mes del escándalo del “caso Blackwater” en el que murieron 17 civiles. Por su parte, el gobierno iraquí decidió revocar formalmente la inmunidad de la que gozan las compañías de seguridad que operan en el país, anunció ayer el vocero oficial, Ali Debbagh.

El consejero para Seguridad Diplomática de la Secretaría de Estado leyó su carta de dimisión “en un encuentro semanal de seguridad diplomática”. Poco antes, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, había anunciado la imposición de nuevas medidas para mejorar la supervisión de los agentes de seguridad privados que protegen a los diplomáticos estadounidenses en Irak tras el escándalo del “caso Blackwater”. La renuncia tiene lugar un día después de la publicación del informe interno sobre el incidente en el que la empresa Blackwater, encargada de la seguridad de la embajada estadounidense y del personal diplomático en la capital iraquí, mató a diez personas, de ellas nueve civiles, durante un tiroteo mientras escoltaba un convoy en Bagdad. El informe de un panel al mando del director de gestión de políticas del Departamento de Estado, Patrick Kennedy, incluyó en sus recomendaciones reglas más claras en los contratos de empresas privadas en Irak, con énfasis en que sólo pueden disparar con “el debido cuidado de la seguridad de los transeúntes” o personas inocentes.

El pasado 16 de septiembre, al menos 17 personas murieron por disparos de los escoltas de una caravana diplomática en Bagdad, en un suceso en el que se vio implicada la compañía de seguridad estadounidense Blackwater.

Esta empresa es la principal contratista de seguridad privada del Departamento de Estado de Estados Unidos. Blackwater aseguró que había actuado en legítima defensa, pero Bagdad afirma que los guardias de seguridad cometieron un “crimen deliberado”. Tres semanas después, dos iraquíes murieron en Bagdad por disparos de los guardias de un convoy de Unity Ressources Group (URG), una empresa australiana que escolta a organizaciones no gubernamentales estadounidenses que trabajan para ese gobierno. Otro incidente causó recientemente tres heridos cerca de Kirkuk, cuando un convoy de Erinys, una compañía británica que escolta a ingenieros del ejército estadounidense, abrió fuego contra un coche.

Esta serie de incidentes despierta la cólera de los iraquíes, que consideran a estos guardias de seguridad extranjeros mercenarios que actúan al margen de la ley. El gobierno anunció en varias ocasiones que tomaría medidas para controlarlos. El martes el gobierno decidió revocar la inmunidad que tienen las empresas de seguridad que operan en el país. Además creó una nueva ley para regular las actividades de esas empresas, que será presentada en la próxima reunión de gabinete.