Los jueces Norberto Oyarbide, federal, y Jorge Brugo, en lo penal económico, seguirán instruyendo por separado las causas que llevan por el ingreso irregular a la Argentina de superautos con franquicias para diplomáticos. La Sala A de la Cámara de Apelaciones del fuero penal económico resolvió ayer que Oyarbide siga con su investigación y Brugo con la suya, lo que supone que los dos expedientes tendrán nuevo impulso en lo que resta del mes. Es más, en Tribunales dicen que antes de que termine abril habrá detenidos y que, pese al silencio de las últimas semanas, esperando la decisión de la Sala A, jueces y fiscales avanzaron mucho en el expediente y ya tienen lista una batería de pruebas contra los imputados. En la mira no sólo están funcionarios de la Cancillería, sino también intermediarios, dueños de concesionarias y varios ricos y famosos. El principio de la causa fue una auditoría interna realizada por la Cancillería. El Registro del Automotor detectó la circulación de las camionetas Hummer, no autorizadas en la Argentina, y percibió que todos los ingresos al país de esos vehículos se hicieron usando ilegalmente franquicias para diplomáticos. La auditoría ordenada por el canciller Jorge Taiana demostró que no sólo se traían Hummer por esa vía sino también Porsche y Lamborghini. Como se trata de una maniobra para eludir el pago de impuestos, el delito es el de contrabando. Y al intervenir funcionarios o una banda integrada por tres o más personas, es todavía más serio, contrabando agravado, con una pena mínima de cuatro años de prisión y un máximo de diez. Según varios juristas, no es excarcelable.

El texto que firmaron los camaristas Edmundo Hendler, Nicanor Repe-tto y Juan Carlos Bonzón tiene apenas una carilla. Los magistrados sostienen que Brugo pide el apartamiento de Oyarbide, porque el delito en lo penal económico es más grave que el federal, el contrabando agravado. Sin embargo, como Brugo todavía no llamó a los imputados a indagatoria y no realizó una acusación formal, los camaristas afirman que es demasiado prematuro asignar la competencia dejando un juez y apartando a otro. Por lo tanto, ambos deberán avanzar en sus respectivas investigaciones. En el escrito prácticamente le sugieren a Brugo que indague a los sospechosos.

La resolución de ayer despertará los dos expedientes y producirá medidas de impacto en las próximas semanas. Por lo pronto, Oyarbide seguirá con las indagatorias que ya puso en marcha y que van de menor a mayor. Los más comprometidos son Jorge Matas, el funcionario de la Cancillería que otorgaba las franquicias; el renunciante director de Ceremonial, Marcelo Pujó, quien estaba jerárquicamente por encima de Matas, y Pablo Rodríguez, el intermediario que más operaciones realizó. Oyarbide les imputa formar una asociación ilícita, un delito que no será fácil probar. En principio, no parece que Oyarbide se incline por ordenar detenciones, aunque habrá que ver qué sucede durante las indagatorias.

Muchos más elementos tiene el juez Brugo para probar el contrabando. Por de pronto, los vehículos que ni siquiera estaban habilitados para circular en la Argentina. También aparecen varios intermediarios realizando operaciones. Y no sólo Matas y los intermediarios están bajo sospecha, sino que existen compradores de esos vehículos que participaron directamente de la maniobra. Es casi seguro que los acusarán de contrabando agravado, por lo que la indagatoria supondrá una muy probable detención.