La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados seguía discutiendo al cierre de esta edición un dictamen sobre un proyecto de ley que establece un nuevo Sistema Nacional de Emergencia Agropecuaria, elaborado por el presidente de la Comisión, Alberto Cantero (FPV). El oficialismo dio quórum para aprobar el proyecto y girarlo a la comisión de Legislación y Presupuesto lo antes posible con la intención política de mostrarse activo frente al conflicto entre el campo y el Gobierno. La oposición criticó esta actitud y al proyecto, por considerar que no resuelve ninguno de los reclamos de fondo efectuados por el campo. La UCR y la Coalición Cívica se retiraron de la reunión antes de la votación, para no “quedar pegados ante la opinión pública”.

Los asesores de la Comisión de Agricultura y Ganadería estuvieron reunidos la semana pasada para discutir y modificar el proyecto de ley sobre emergencia agropecuaria, cuya finalidad es resarcir económicamente a los productores que sufran daños por causas climáticas. El dictamen de los asesores, con sus modificaciones, fue comunicado a la oposición 15 minutos antes de que comenzara la reunión de ayer. Al cierre de esta edición continuaba la discusión del proyecto punto por punto. La iniciativa reemplazaría una ya existente, sancionada en 1982. Este dato fue resaltado por varios legisladores para cuestionar el porqué de la necesidad de sancionar de manera rápida y urgente una nueva normativa, cuando ya existe un marco legal vigente.

“¿Por qué tratar este tema hoy? No existe ningún vacío jurídico en torno de este tema, es decir que ya está cubierta la situación de la emergencia”, se preguntó el legislador Luis Luquiño (Frejuli). El eje de la discusión pasó por si era relevante o no la sanción de una ley de estas características, cuando las entidades agropecuarias todavía están aguardando una audiencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para discutir la letra chica de las medidas anunciadas por Martín Lousteau antes de la finalización del lockout. El oficialista Mariano West defendió la necesidad de la normativa, aunque también cuestionó la celeridad de su tratamiento.

“Más allá de esta ley, no resolvemos el conflicto de fondo con el campo, teniendo en cuenta que las partes involucradas –el Gobierno y el sector agropecuario– todavía no se sentaron a dialogar. Deberíamos resolver desde el Legislativo otros temas de relevancia: el precio de la leche, mecanismos de fijación de precios de los commodities; medidas para que los grandes productores no se coman a los chicos, arrendamientos a precios justos. Esta ley es como un geniol para resolver una gran enfermedad”, señaló Eduardo Macaluse (Ari Autónomo). Por su parte, los diputados de la UCR y de la Coalición Cívica decidieron abandonar la reunión para “no quedar pegados ante la opinión pública”, tal cual aseguró Juan Pedro Morini (UCR) a Página/12 al momento de retirarse de la comisión. “Esta es una ley accesoria, de maquillaje, que no le sirve en nada al hombre de campo”, afirmó el radical.

Algunos de los puntos discutidos anoche hacían hincapié en la ausencia de un criterio que diferencie al pequeño del gran productor y la concentración de poder en Alberto Fernández, jefe de Gabinete, que será el encargado de manejar un fondo de 150 millones de pesos. La decisión del oficialismo es lograr un tratamiento en el recinto lo antes posible.