La posibilidad de que Luis Abelardo Patti reciba una condena no sería tan lejana. Un día antes de que la Corte Suprema le diera la razón en su reclamo por una banca de diputado, la Sala II de la Cámara Federal ordenó que sea enjuiciado “sin dilaciones indebidas” por encubrir a dos represores, Jorge Granada y Luis Arias Duval, que tenían pedido de captura por la desaparición de un grupo de militantes montoneros en 1980. De esta manera, el ex subcomisario tendría que enfrentar su primer juicio oral.

Los ex coroneles Granada y Arias Duval estuvieron prófugos durante un año en la causa sobre las desapariciones ocurridas dentro de la llamada Contraofensiva. Para escabullirse de la Justicia tuvieron la ayuda y la cobertura de Patti, según determinó el juez federal Claudio Bonadío en función de una conversación detectada entre las escuchas telefónicas de la investigación. “Se me está acabando el tiempo. Estoy pensando en entregarme. Es un buen momento”, le decía Granada al ex intendente de Escobar. También surgían alusiones a Arias Duval, ex jefe de la Central de Reunión del Batallón 601, que en ese momento acababa de ser detenido. En la indagatoria, Patti reconoció “una amistad de veinte años” con Granada, quien perteneció a la sección de Inteligencia 103 de Junín durante la dictadura. Incluso dijo que le daba una ayuda económica. Para el juez, Granada necesitaba ese dinero porque si iba a cobrar la pensión como retirado, lo atraparían en la ventanilla. Finalmente, procesó a Patti por encubrimiento en agosto de 2003. Tres años más tarde, otro juez que reemplazó a Bonadío en el caso, Ariel Lijo, elevó la causa a juicio oral. A partir de entonces comenzó un increíble derrotero.

Por el tipo de delito, que es correccional, el enjuiciamiento queda a cargo de un único magistrado. En un comienzo tocó al ex juez Guillermo Montenegro. La defensa de Patti pidió la nulidad del caso con cuestionamientos al fiscal Oscar Amirante, que no obtuvo el apoyo esperable del fiscal de la Cámara de Casación, Pedro Narvaiz. Montenegro anuló todo y el expediente volvió al juez Lijo, que reanudó la causa. En el ínterin, Patti planteó entre otras cosas la prescripción.

Finalmente, los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun firmaron un fallo el lunes, que trascendió ayer, donde no sólo rechazan la prescripción, sino que dicen que Montenegro “se excedió en sus facultades en desmedro de principios procesales”, anulan la decisión con la que benefició al líder del Paufe, dan por válido todo lo anterior y ordenan que el juicio oral se haga pronto.

En la resolución, a la que accedió este diario, destacan “el interés social en la búsqueda de la verdad respecto de delitos como el que constituye el objeto de esta causa, donde se ha acusado a un funcionario público de colaborar con imputados por crímenes de lesa humanidad a sustraerse del accionar de la Justicia”. El juez que tendría que llevar a cabo el juicio es Norberto Oyarbide, que desde la semana próxima se hará cargo transitoriamente del juzgado que dejó Montenegro.

Patti está preso por secuestros, desapariciones y torturas durante la dictadura. El encubrimiento, por el que la Cámara reclama juzgarlo, es excarcelable pero podría significarle su primera condena, un requisito básico –según la Corte– para impedir que alguien sea legislador.