A pesar de las críticas que recibió por parte de la oposición, de una legisladora del Frente para la Victoria y de organizaciones sociales, anoche recibió su sanción como ley el proyecto del oficialismo que penaliza la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o para la extracción de órganos. Los aspectos centrales en debate, como anticipó Página/12, giraron sobre todo respecto del punto segundo de la ley, que establece que en los casos de explotación sexual de una persona mayor de 18 años tiene que estar probado que no hubo consentimiento por parte de la víctima. En ese sentido, según el proyecto oficial, debe probarse que la persona fue objeto de “engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o pagos”. La ley se aprobó por 157 votos a favor, 35 en contra y seis abstenciones.

Durante el debate, una de las voces del oficialismo que planteó objeciones fue la de la diputada del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba. Teniendo en cuenta que en el proyecto oficial la pena prevista para la trata es de 3 a 6 años de prisión –puede llegar a diez años sólo si el culpable es cónyuge o familiar de la víctima–, la legisladora pidió una sanción mayor, de 4 a 15 años, para impedir la excarcelación de los imputados.

Sobre el tema del consentimiento, Córdoba citó un párrafo de la Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena, aprobada en el año 1949. En su punto primero, dice expresamente que la penalidad debe caer sobre el que “explotare la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de tal persona”.

Desde el oficialismo, la encargada de defender el proyecto oficial, impulsado por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, fue la diputada Vilma Ibarra, quien ya lo había hecho en el Senado, donde fue aprobado en diciembre del año pasado. La norma propuesta por la mayoría del oficialismo castiga la “captación, transporte o traslado y la acogida o recepción” de personas con fines de explotación sexual, laboral o para la extracción de órganos. En los casos de explotación de menores de 18 años, las penas pueden llegar a los 15 años de prisión.

Entre muchas críticas, la ley fue apoyada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Su representante en el Cono Sur, Eugenio Ambrosi, aseguró que con la aprobación en Diputados, la Argentina “adaptó su legislación para permitir el combate a las redes delictivas transnacionales que engañan y someten a sus víctimas con el fin de explotarlas, ya sea sexual como laboralmente, saldando una cuenta pendiente desde la ratificación del Protocolo de Palermo que realizó el país en noviembre de 2002, y esto debe considerarse una excelente noticia”. Ambrosi sostuvo en una declaración que la ley sancionada “cumple con los estándares fijados” por el citado protocolo.

Un grupo de feministas de “todos los sectores” intentaron hasta último momento que se modificaran algunos aspectos, en especial la cuestión del consentimiento. “En franca contradicción con la política de derechos humanos que viene llevando adelante la Argentina, se revictimiza a la persona explotada invirtiendo la carga de la prueba”. La declaración fue firmada, entre otras, por la monja Martha Pelloni, Virginia Franganillo, Ana Suppa, Dolores Fenoi y Marcela Durrieu.

En el recinto, la Unión Cívica Radical cuestionó el mismo punto señalando, entre otros conceptos, que “al someter a la esclavitud a una persona se viola un derecho humano y eso no lo puede disponer ninguna persona, de manera que tal consentimiento (el de la víctima) no puede lavar la imputabilidad de quien es el victimario”. El diputado Claudio Lozano, por su parte, afirmó que “la desigualdad social, la impunidad y la pobreza extrema generan condiciones propicias para la trata”, no sólo con fines de explotación sexual sino también para la compra y venta de niños”. Por eso requirió una “política de Estado real y contundente, con un Programa de Atención Integral de las Víctimas”. El Ministerio de Justicia anunció la puesta en marcha del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas, que fue creado el año pasado por decreto presidencial.