Susana Beatriz Pegoraro, embarazada de cinco meses, fue secuestrada en la estación Constitución el 18 de junio de 1977. Su compañero, Rubén Santiago Bauer, cayó ese mismo día en La Plata. La hija de ambos nació en la maternidad clandestina de la ESMA. Poco después fue entregada al ex marino Policarpio Vázquez y a su esposa Ana María Ferra, que la inscribieron como propia y la llamaron Evelyn. Ayer, luego de treinta años de búsqueda, Abuelas de Plaza de Mayo confirmó que la niña es hija biológica de Bauer y Pegoraro, ambos desaparecidos, vistos por última vez en la ESMA. La directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, Belén Rodríguez Cardozo, le informó a la jueza María Servini de Cubría que el estudio inmunogenético realizado en el Hospital Durand arrojó una compatibilidad entre los ADN de Vázquez y la pareja Bauer-Pegoraro de un 99,9 por ciento. Evelyn siempre se negó a realizarse la extracción de sangre, por lo que la muestra que permitió identificarla se obtuvo de elementos de uso cotidiano secuestrados durante un allanamiento a su casa.

En 1999, Vázquez admitió que Evelyn no era su hija. Contó que en 1978 trabajaba en el edificio Libertad, donde una persona a la que conocía como El Turco le dijo “que había una criatura para adoptar sin papeles”. Con su mujer resolvieron aceptarla “porque la iban a matar”. Aseguró desconocer si los padres “estaban vivos o desaparecidos”. Ambos coincidieron en que la llegada de Evelyn fue “un mandato divino” y “una bendición de Dios”.

En 2001 la joven se negó a someterse a un análisis de ADN que pudiera usarse como prueba en contra de quienes la criaron. Luego de varias presentaciones, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia le dio la razón: se debía proteger su derecho a intimidad. Pese al desconocimiento de su identidad real, cinco años después Servini decretó la clausura de la instrucción. En febrero de 2006 los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers pidieron nueve años y medio de prisión para Vázquez, nueve para su esposa y seis para la partera Justina Cáceres por haber firmado un certificado de nacimiento con datos filiatorios falsos. Destacaron que el matrimonio “recibió de una persona de rango militar desconocido, de apellido Salles o similar, una niña recién nacida a la que procedieron a anotar como su hija biológica, mediante la obtención de un certificado de nacimiento ideológicamente falso”. Luego “criaron a la niña ocultándole su verdadera identidad”. Consideraron que se trataba de “un hecho de extrema gravedad que afectó de manera esencial la propia formación de la identidad de una persona desde el mismo instante de su nacimiento”. Calificaron el caso como “delito de lesa humanidad”. El castigo a los apropiadores es “un imperativo ético de un estado democrático de derecho”, escribieron.

Cuando los apropiadores pidieron su absolución con el argumento de que el único elemento para condenarlos era su propia confesión, Servini consideró que el análisis de ADN había dejado de ser una mera prueba complementaria y ordenó allanar la casa de la mujer para extraer muestras alternativas de ADN. Al recibir la notificación, Evelyn recusó a Servini. Argumentó que no podía la misma jueza investigar el caso y juzgar a sus apropiadores. En junio la Cámara Federal apartó a Servini del juicio al matrimonio, que pasó a manos del juez Octavio Aráoz de Lamadrid, pero le ordenó profundizar la investigación sobre la identidad de la joven.

La jueza se tomó ocho meses para ordenar el paso siguiente. El 14 de febrero personal del Banco de Datos Genéticos allanó el departamento de Evelyn Vázquez. Se llevó su cepillo de dientes, ropa interior y una pinza de depilar. Evelyn presentó un recurso de nulidad contra el allanamiento, que fue rechazado por la Cámara Federal. Entrevistada por el diario La Nación, explicó que “se portaron correctamente, pero que te allanen es una cosa muy violenta”. Admitió que se había reunido con sus abuelas “para decirles que no estoy contra ellas”. Comprendía “que quieran saber si soy o no su nieta porque me buscaron todos estos años y es horrible, pero tienen que entender que yo tuve una familia y la sigo queriendo”. “A mí me da pánico pensar que después no sean mi familia biológica”, confesó. Ayer, finalmente, confirmó que las Abuelas de Plaza de Mayo no estaban equivocadas.

El de Evelyn Vázquez es el tercer caso de apropiación que la Justicia esclarece con métodos de identificación alternativos a la extracción de sangre. El primero fue el de Natalia Suárez Nelson, apropiada por el tanguero Omar Alonso, a quien ahora querella. El segundo fue el de Alejandro Sandoval Fontana, apropiado por el gendarme Víctor Rei.

Varios debates de fondo relacionados con los métodos de identificación de niños robados durante la dictadura esperan resolución en la Corte Suprema de Justicia. Uno es sobre la extracción de sangre compulsiva. Otro, sobre la validez de métodos alternativos para conocer el ADN. El tercero lo plantearon los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrero de Noble, quienes se niegan a ser compulsados con la totalidad de muestras del Banco de Datos del Hospital Durand y sólo aceptan que se verifique su compatibilidad con los familiares de la pareja que las Abuelas estiman son sus padres biológicos. La Corte se inclinaría por rechazar la extracción compulsiva pero dejaría la puerta abierta para que la Justicia continúe utilizando métodos como el que ayer le permitió a Evelyn Vázquez conocer su verdadera identidad.