Carlos Menem ya está en la pista de despegue que promete catapultarlo, lejos del paraíso, al banquillo de su primer juicio oral y público. Será, nada menos, que el megajuicio por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, al que llegará como acusado de contrabando agravado. Así surge de un fallo de la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico que ayer confirmó, como anticipó Página/12, su procesamiento por ese delito con un embargo de 360 millones de pesos y la prohibición de salir del país. El comienzo de las audiencias estaba previsto para la semana próxima, pero el Tribunal Oral 3 decidió postergarlas para el 8 de julio para posibilitar la inclusión del senador riojano en el desfile de imputados.

Según la resolución de la Cámara, que firmaron Marcos Grabivker y Carlos Pizzatelli, Menem tiene una gran responsabilidad en la maniobra de contrabando por haber firmado tres decretos secretos que, entre 1991 y 1995, permitieron que Fabricaciones Militares exportara 6500 toneladas de material bélico a dos países, Ecuador y Croacia, para los que estaba vedada su provisión. Sin la autorización para el envío que otorgaban esos decretos, en los que figuraban Panamá y Venezuela como destinos simulados, el tráfico de armas –a entender de los jueces– no hubiera sido posible.

“Las exportaciones aludidas no se habrían podido llevar a cabo sin la actividad desarrollada por Carlos Saúl Menem”, afirma el fallo. De hecho, describe al ex presidente como “la máxima instancia decisoria” en la trama: “Un complejo despliegue de actividades coordinadas tendientes a la consecución de la burla al control aduanero”. Los camaristas insisten en que el ex presidente conocía el verdadero rumbo, ilegal, del armamento. En el caso de Croacia existía un embargo de Naciones Unidas por ser parte en un conflicto bélico en la región de los Balcanes. Ecuador estaba en guerra con Perú, en el marco de un conflicto histórico, en el cual Argentina actuaba como garante de paz junto con otros países.

Tras varias insistencias de la Aduana, querellante en la causa, Menem fue procesado en septiembre de 2007 por el juez Rafael Caputo. Menem apeló, planteó nulidades y otros cuestionamientos, pero los que resultaban determinantes no prosperaron. Uno de los pilares de su defensa consistió en decir que había sido víctima de todos los demás personajes que actuaron en el contrabando. “No resulta verosímil”, le advirtieron Sus Señorías.

La confirmación del procesamiento por parte de la Cámara deja prácticamente despejado el camino para que sea incluido en el juicio oral. Las audiencias estarán a cargo del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 (TOPE) e iban a comenzar el 6 de mayo. Fueron postergadas ante la alta probabilidad de que se incluya un nuevo grupo de imputados encabezado por Menem. Es factible que también estén en el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, el ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik y el ex funcionario de Cancillería Enrique de la Torre. Así, ellos se sumarían a la lista de 14 imputados que hace tiempo están en carrera para el juicio, entre ellos el ex asesor presidencial Emir Yoma, el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y el traficante de armas Diego Palleros.

En cuanto a Menem, su condición de senador no impedirá que se siente ante el TOPE 3 desde el 8 de julio a las 9 de la mañana. El propio fallo de los camaristas aclara que tiene inmunidad de arresto pero no de proceso, es decir que nada impide su enjuiciamiento. En todo caso, si tribunal finalmente decide darle una pena de cumplimiento efectivo, el Congreso tendrá que despojarlo de los fueros que lo protegen. Aun así, gracias a sus 77 años, obtendría el beneficio de arresto domiciliario, algo que ya experimentó durante cinco meses en esta misma causa en el año 2001 por decisión del ex juez federal Jorge Urso, que lo acusaba de asociación ilícita. Por entonces, consiguió alojamiento en una quinta en Don Torcuato que le prestó su amigo Armando Gostanian. Al final la Corte Suprema, en su antigua composición, lo liberó, igual que a su cuñado a Emir Yoma. El alto tribunal ordenó que el caso se unificara en el fuero penal económico, donde también lo investigaba el ex juez Julio Speroni.

En el juicio oral en puerta, una pena elevada es algo factible frente a un delito que prevé de 4 a 12 años de cárcel, como el que está en juego en esta investigación. De todos modos, previo a la sentencia, habrá un largo trecho: podrían llegar a ser citados unos 450 testigos. Seis meses de duración es lo que cantan los pronósticos más optimistas. Las audiencias serán los martes y los viernes. El fiscal será Mariano Borinsky, quien calcula que el Estado sufrió un perjuicio de 400 millones de pesos.

Pasaron más de 13 años desde que la “causa armas” se inició con una denuncia del abogado Ricardo Mo-nner Sans, aunque otra línea clave de investigación la había iniciado el juez cordobés Edgardo Fillippi, que analizaba la destrucción de un cargamento de pólvora procedente de Río Tercero. En esa ciudad, en noviembre de 1995 explotó la Fábrica Militar, un hecho que –se sospecha– apuntó a ocultar el faltante de armas enviadas a Ecuador y Croacia. Hubo otros hechos significativos como la extraña muerte del capitán Horacio Estrada, vinculado a los traficantes, y la caída desde un décimo piso de Lourdes Di Natale, la ex secretaria de Yoma, que acusó a su jefe de haber recibido coimas por las armas.