Con las propuestas para carne y trigo prácticamente consensuadas, y una aproximación importante de posiciones con respecto al precio de la leche para el tambero, las expectativas de las entidades agropecuarias y del gobierno nacional están puestas en poder anunciar hoy un acuerdo que empiece a darle salida a un conflicto que tiene en vilo al país desde hace 50 días. Sin embargo, la falta de consenso en relación al alcance de las compensaciones para medianos productores por las retenciones móviles a las exportaciones podría complicar el acuerdo final. Sobre este último punto estará centrada la discusión que en el transcurso de esta jornada tendrá por protagonistas a los dirigentes del campo y al equipo de negociadores por el gobierno, encabezados por Alberto Fernández.

Las conducciones de Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales se reunieron ayer por la tarde en la sede de esta última, para evaluar los resultados de su encuentro del lunes con el jefe de Gabinete y las posibilidades de un acuerdo en la cita prevista para hoy. Además del acercamiento logrado en aquel encuentro, las señales políticas de la víspera resultaron auspiciosas. Florencio Randazzo, ministro del Interior, mutó el discurso anteriormente condenatorio hacia la dirigencia gremial por otro de tono conciliatorio. “Se espera lograr un acuerdo, ya que existe la necesidad de llegar a un entendimiento; nosotros no queremos hablar de plazos”, declaró en la ciudad de Mendoza. El clima de la reunión que los cuatro presidentes de las entidades mantuvieron por la mañana en el juzgado de Marcelo Aguinsky con Guillermo Moreno (ver nota) también había resultado sorprendentemente amable, según relataron los participantes.

En cuanto a los ejes de la negociación en sí, Miguens, Llambías, Buzzi y Carlos Garetto (vicepresidente de Coninagro, que reemplaza a Gioino en las negociaciones) recibieron de Fernández, el lunes, el compromiso de ir liberando las exportaciones de carne vacuna en los próximos días, en la medida en que se consolidara la oferta de cortes populares a los precios acordados a comienzos de marzo. Ello permitirá cerrar las diferencias inmediatas en este rubro.

Ayer, tras la reunión de los principales dirigentes en CRA, se acordó un encuentro de técnicos en Secretaría de Agricultura para tratar el tema Trigo. Especialistas de las cuatro entidades, que previamente habían estado consensuando posiciones en la sede de Federación Agraria, llevaron su propuesta de comercialización del grano con regulación de los molinos harineros más chicos y representantes de los productores. La intención es asegurarle al pequeño productor una retribución sin quitas excesivas con respecto a la cotización internacional. Para lograrlo, está planteada la intervención y regulación en un mercado fuertemente dominado por las cinco grandes exportadoras y los acopiadores controlados por aquéllas. La propuesta que anoche se buscaba consensuar en Agricultura es una suerte de síntesis entre la originalmente planteada por Comercio Interior y la defendida por las entidades.

“El tema de la carne ya está consensuado y acordado, pero aún no se puso en marcha”, declaró Miguens, de Sociedad Rural, al salir del encuentro en CRA. “En el caso del trigo también hay acercamiento para que el productor reciba el precio completo”, comentó. “Aún falta hablar y confirmar el tema de la leche y las retenciones”, dijo finalmente.

Entre estos dos últimos temas, las expectativas de encontrar un consenso eran mayores en el caso de la leche que en el de las retenciones. La conversación con Alberto Fernández dejó el saldo de una mirada y una preocupación semejante entre el Gobierno y las entidades con respecto a la situación de los tamberos, sector en el que numerosas pequeñas unidades abandonaron la actividad en los últimos dos años. La producción sufrió las consecuencias, con un descenso que genera dificultades en la oferta para el mercado interno aunque no haya exportaciones. La solución vendría por alguna combinación entreel mayor precio que pagarán los industriales lácteos y el subsidio o compensación que dispondrá el gobierno nacional para evitar el traslado a los precios finales de aquella mayor retribución.

Las conversaciones relacionadas con las retenciones quedaron, si no en un punto muerto, al menos estancadas. La pretensión inicial de los productores era retrotraer la situación a la vigente antes del 11 de marzo, con retenciones fijas y un máximo del 35 por ciento (para la soja). El Gobierno dispuso compensaciones para los productores con más de 150 hectáreas en la zona pampeana y 350 hectáreas en el resto del país, cuyas producciones no hubieran superado las 500 toneladas en la última campaña. Bajo estas condiciones, se les aplicarían las mismas retenciones que le hubieran correspondido hasta el 10 de marzo.

Según transmitió Fernández a los dirigentes, “ésta es la última palabra, no hay margen para movernos”. Desde el sector rural, algunas voces sostienen que si se moviera, al menos, el techo de producción, de 500 a 1000 o a 1500 toneladas, quedaría abarcada una franja mucho más importante de medianos productores y habría mayor consenso para un acuerdo. “Si no contamos con esa franja de productores, el consenso va a ser muy difícil”, advierten, más como un ruego que como una amenaza.

Hoy a las 11, Alberto Fernández recibiría a las entidades en Casa de Gobierno. La intención es firmar un documento que represente un acuerdo sobre los puntos básicos tratados hasta ahora. Pero las entidades deberán llevar la propuesta, mañana, a las asambleas de productores en zonas rurales. Por eso la puja de último momento sobre la frontera de los beneficiarios de las compensaciones.

En algunas regiones en particular, los ánimos siguen caldeados. Las concentraciones del último fin de semana, en casos como el de Colón (Entre Ríos) o Jesús María (Córdoba), reunieron diez veces la cantidad de gente que sumaban al principio del conflicto. “No son mayoría los que quedan afuera de los beneficios, pero meten ruido”, observan personas del sector. Quizá no los suficientes como para provocar un nuevo lockout en estas circunstancias, pero sí como para meter piedras en un camino que, tanto el Gobierno como el sector, necesitan allanado para poder avanzar en planes más ambiciosos que meras soluciones de coyuntura.