El Gobierno avanzó ayer con la implementación de la normativa que permitirá reabrir las exportaciones de carne. Es un negocio que mueve 1300 millones de dólares por año y estaba bloqueado desde fines de marzo por el enfrentamiento con las entidades del campo. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el ministro de Economía, Carlos Fernández, ratificó la vigencia del Registro de Operaciones de Exportación (ROE), que había vencido el 31 de marzo, pero le trasladó a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que conduce el “pingüino” Ricardo Echegaray, la facultad para fijar cuánto podrá exportar cada frigorífico, qué cortes ingresarán en el cupo y qué requisitos deberán cumplir los empresarios para obtener los certificados y concretar las ventas. En la Oncca ayer estaban trabajando a todo vapor para dar a conocer cuanto antes esa letra chica indispensable para liberar los embarques. De este modo, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y las entidades llegaran a la reunión prevista para hoy con uno los temas más conflictivos casi resuelto. Ahora los productores quieren discutir las retenciones móviles que motivaron el conflicto.

El secretario de Confederaciones Rurales, Javier Jayo Ordoqui, criticó ayer el sistema de los ROE porque “entorpece” las exportaciones de carne. Lo que pasa es que los productores conservaban la esperanza de que se eliminara ese requisito para exportar sin pedir permiso. “Antes bastaba con declarar a la AFIP, pero desde que están vigentes los ROE el Gobierno utiliza esa herramienta para abrir y cerrar el grifo de acuerdo a sus necesidades”, aseguró a Página/12 una fuente del sector. “Cuestionan el sistema porque no quieren que los controlen”, responden desde el Gobierno.

Los ROE fueron creados en enero de 2006, durante la gestión de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, para regular las ventas externas y poder así garantizar el abastecimiento de un mercado interno que venía demandando cada vez más carne. Entonces se estableció un cupo de 40 mil toneladas mensuales que se repartía entre las industrias inscriptas en el registro, tomando en cuenta la performance exportadora que había tenido cada uno en 2005.

El sistema era relativamente sencillo y quienes cumplían con los requisitos obtenían automáticamente el documento necesario para exportar. Sin embargo, el Gobierno comenzó a utilizar esa herramienta en diferentes oportunidades para bloquear momentáneamente los embarques cuando los precios de los cortes populares se disparaban en el mercado interno. La mayoría de las veces se lo hizo sin justificativo legal. Por eso desde la Secretaría de Agricultura siempre negaron que estuvieran apelando a esa maniobra para garantizar el abastecimiento interno.

Luego del último lockout agrario, los precios de la carne volvieron a dispararse y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ordenó frenar las ventas externas. Para hacerlo apeló primero a la Aduana y luego la Oncca completó el “operativo cerrojo” con un artilugio legal que justificó la restricción. Ese organismo publicó a mediados de abril nuevos requisitos para acceder a los ROE. Se exigía factura de compra de la mercadería, contrato concertado con el operador en el exterior, certificado de libre deuda, fotocopia del certificado sanitario (luego dejada sin efecto) y hasta una estructura de costo de la producción de la mercadería involucrada, suscripta por contador público y con firma certificada por el Consejo Profesional que ejerza el contralor de la matrícula respectiva. “Sólo faltaba que nos pidieran el consentimiento de la vaca”, afirmó un empresario a este diario.

El miércoles pasado, el escenario cambió luego de que el Gobierno acordara con la cadena de la carne garantizar la estabilidad de precios de 13 cortes populares a cambio de que se le permitiera exportar 550 mil toneladas de novillo pesado. Entonces, comenzó a ponerse en movimiento el andamiaje para liberar los embarques, entre los cuales figura los cortes de lujo que integran la cuota Hilton. Con la reglamentación de la Oncca concluiría ese proceso.

“Estamos esperando que se cargue algún contenedor”, aseguró ayer el vicepresidente de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, quien todavía se mostraba escéptico debido a las reiteradas idas y vueltas que ha habido en la negociación. Si la carne se libera, el objetivo principal de los productores será lograr una baja de las retenciones y la eliminación del mecanismo que establece la movilidad de la alícuota. El Gobierno dejó trascender que aceptará introducir algún cambio, pero es difícil predecir si será suficiente para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.