El conflicto con el campo volverá hoy al Congreso. Un grupo de diputados opositores y algunos filokirchneristas firmarán junto a Eduardo Buzzi y otros dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA) un “compromiso parlamentario” para impulsar una serie de proyectos con “soluciones” para distintas problemáticas de pequeños y medianos productores.

Legisladores del socialismo, el ARI Autónomo, la Coalición Cívica, de la CTA y del Encuentro Social y Popular volverán a la carga con una decena de iniciativas que nunca llegaron al recinto y que van desde “retenciones y compensaciones diferenciadas” hasta recuperar las desmanteladas instituciones reguladoras, como las juntas nacionales de granos y carnes. El máximo dirigente de la FAA se hará un lugar en su agenda para mostrarse rodeado de legisladores que movilizarán en el Congreso una serie de proyectos, “como aporte a la solución del conflicto con el campo”.

“Nos comprometemos a impulsar en el Congreso nacional una serie de proyectos como aporte a que la resolución del conflicto agropecuario permita garantizar la soberanía alimentaria y atender la difícil situación que atraviesan los pequeños y medianos productores de nuestro país”, dice el texto que rubricarán diputados y dirigentes de la FAA.

La iniciativa que impulsó el diputado y economista de la CTA Claudio Lozano cuenta con el aval de los aristas disidentes María América González, Eduardo Macaluse y Delia Bisutti; los socialistas Silvia Augsburger, Lisandro Viale y María Elena Martín; Fernanda Gil Lozano (CC), el entrerriano Emilio Martínez Garbino; Cecilia Merchan (Libres del Sur) y el socialista K Ariel Basteiro. Estos dos últimos no participarán de la rueda de prensa, aunque sus proyectos también serán parte de esa agenda.

Varios de estos proyectos –que nunca llegaron al recinto para su discusión– fueron elaborados en conjunto por los técnicos de la FAA y distintos legisladores. Entre ellos, los que abordan los temas coyunturales como las retenciones “segmentadas que tengan en cuenta el tamaño del productor, de manera de beneficiar a los productores más chicos”. Aunque la lista de propuestas parlamentarias también sumará iniciativas estructurales como una ley de “arrendamiento” que ponga límites a los pooles de siembra y contratistas y otra sobre la “extranjerización de la tierra”. También se presentarán proyectos para implementar un Instituto de Colonización de Tierras, que toma la experiencia uruguaya para regular el acceso a la tierra y que, entre sus funciones, se destaca “la obligatoriedad de un vendedor o arrendatario de tierra de otorgarle preferencia al Estado, quien de este modo puede incidir en la planificación real del sector”.