Desde Córdoba

“En treinta años no les tiramos una piedra y mirá el vidrio que les ponen”, comentó una Madre de Plaza de Mayo al ingresar al salón de usos múltiples de los Tribunales Federales de Córdoba. Escondidos bajo un corralito de blíndex, cual suplentes en cancha de fútbol, aguardaban los ocho imputados, acomodados por orden jerárquico. A diferencia de los juicios que instruye el porteño Tribunal Oral Federal 5 y como autoriza el último término del concepto “juicio oral y público”, el general Luciano Menéndez y los siete miembros del Destacamento de Inteligencia 141 acusados de secuestrar, torturar y asesinar a cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) fueron fotografiados y filmados durante diez minutos.

La audiencia inicial del primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Córdoba, segundo del interior del país, consistió en la lectura de los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscal Graciela López de Filoñuk, por los abogados Martín Fresneda y Claudio Orosz, de HIJOS regional Córdoba, y por la elevación dispuesta por la jueza federal Cristina Garzón de Lascano.

La identificación de las 160 personas que colmaron la sala, postergó el comienzo de la jornada.

–¿Ustedes son de los derechos humanos? –preguntaba cual si enfrentara a una invasión de marcianos el policía que chequeaba apellidos en una lista.

Pese a la cantidad de personas que pretendían ingresar a la sala, la organización no fue desbordada. Cuando todos estaban sentados, el presidente del tribunal, Jaime Díaz Gavier, autorizó el ingreso de fotógrafos y camarógrafos, que inmortalizaron la imagen de Menéndez & Cía.

En el extremo derecho, de frente al tribunal, se ubicó Menéndez, con una cinta negra que le cubría la escarapela de la solapa del saco, de luto por el fin de su impunidad. Dueño de la vida y la muerte en diez provincias del Norte argentino durante la dictadura y cara visible de los sectores de las Fuerzas Armadas que en pleno genocidio criticaban a Videla por “blando”, el ex comandante del III Cuerpo indultado en 1990 por Carlos Menem tiene el pelo blanco pero mantiene buen porte para sus 80 años.

A su lado, carpeta en la mano, se sentó el coronel (R) Hermes Oscar Rodríguez, 75 años, alias “Salame” o “Subgerente”, cuando era segundo jefe del Destacamento que encabezaba el coronel César Emilio Anadón, el “Gerente”, que se suicidó en 2004 mientras cumplía prisión domiciliaria. De aspecto atípico para un militar, barba y pelo largo que disimulan sus 62 años, lo escoltaba el capitán (R) Jorge Exequiel Acosta, alias “Rulo” o “Sordo”, jefe de la patota de Operaciones Especiales (OP3) del Destacamento 141 en 1976 y jefe de La Perla en 1977. Acosta es el único imputado que tiene defensa privada, a cargo de Alejandro Cuestas Garzón.

Luego se ubicaron los suboficiales. Primero el sargento ayudante (R) Luis Alberto Manzanelli, 69 años, miembro del Comando Libertadores de América desde 1974, “Hombre del violín” desde que se cayó de un caballo y no pudo mover el cuello, interrogador especializado en militantes del PRT y respetado por sus pares como “el mejor torturador” de La Perla. A su lado, bastón en mano, cabeza pelada, escarapela con cinta negra como Menéndez y Rodríguez, se ubicó el mendocino Carlos Alberto Vega, de 79 años. Vega era responsable de la administración de los bienes que robaban en La Perla y habría cuestionado en el pasado los métodos de tortura. Hacia el centro de la sala, anotador en mano, el sargento primero (R) Carlos Alberto Díaz, 61 años, cogote macizo, alias “HB”, miembro del Comando Libertadores de América desde 1975, sindicado como torturador especialmente sádico por sobrevivientes de La Perla y La Rivera. A su derecha, con el mismo grado, Oreste Valentín Padován, “Gino”, abogado acusado de obligar a sus enemigos a cavar sus tumbas antes de los fusilamientos. Cerró la hilera el personal civil de inteligencia Ricardo Lardone, alias “Fogonazo”, por su desempeño como fotógrafo infiltrado en manifestaciones estudiantiles y políticas. Lardone cerró sus ojos durante los diez minutos en que le dispararon con flashes.

Al secretario Pablo Bustos Fierro le cupo leer las más de doscientas fojas de los requerimientos. El de la fiscal López de Filoñuk destacó que el terrorismo de Estado en Córdoba existió desde mucho antes del golpe de Estado. El 24 de marzo de 1976 sólo “se agudizó” y “cada ciudadano pasó a ser un potencial enemigo del sistema”. Detalló el rol del Destacamento de Inteligencia 141 en secuestros e interrogatorios y en particular el de su sección tercera con sede en La Perla, donde se desempeñaban los seis subordinados de Menéndez y Rodríguez. López de Filoñuk destacó al identificar a las víctimas su carácter de “militantes del PRT”, “pe ere te” para Bustos Fiero. Mientras se leían testimonios sobre el día en que sacaron a las víctimas para ejecutarlas, el defensor informó que Lardone no se sentía bien. Un cuarto intermedio permitió ver cara y tranco de represores.

Por la tarde se leyó el requerimiento de la querella. Orosz y Fresneda apuntaron el “pacto de sangre” implementado por Menéndez, por el cual todo oficial o suboficial participó de al menos un fusilamiento como modo de garantizar silencio. Destacaron un trámite de “medallas al heroico valor en combate” de 1976 que describe el funcionamiento de las patotas: “acciones encubiertas sin registro alguno” y “permanentes interrogatorios”, todo para “combatir a la subversión”.

Al final se leyó la parte resolutiva de la elevación de la jueza. Señalaba que se juzgará a los ocho imputados por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados y a cinco por homicidios agravados. Quedaron afuera Rodríguez y Acosta, que cambiaron de destino dos semanas antes de la ejecución, y Vega, con licencia anual. Mientras los acusados se retiraban, la hermana de un desaparecido se sacó el gusto de gritar “cobardes, asesinos, torturadores”. El magistrado ordenó expulsarla de la sala y exigió “orden y decoro”.

–Sí, pero por favor hagan justicia –le rogó la mujer mientras la echaban.