La Sala II de la Cámara Federal revocó por segunda vez el sobreseimiento del ex ministro de Justicia y supremo del menemismo, Rodolfo Barra, y ordenó que se reabra una causa en su contra por haber archivado una investigación sobre irregularidades en la aplicación de los Programas de Propiedad Participada de las telefónicas privatizadas en sus tiempos al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN). El tribunal consideró que nunca se tomaron suficientes medidas para esclarecer los hechos.

Barra fue titular de la AGN, órgano de control externo del Estado, durante el gobierno de la Alianza. En 1999, cuando asumió en el cargo, en el organismo había una investigación abierta por irregularidades en la puesta en marcha de los Programas de Propiedad Participada en Telefónica y Telecom. Un grupo de trabajadores reclamaba los bonos correspondientes a su participación en las ganancias de las empresas, que habían incumplido el pago con el aval de un decreto del Poder Ejecutivo.

A pesar de que había dos dictámenes favorables a los empleados que recomendaban la apertura de sumarios, Barra archivó el caso. Uno de esos documentos, por ejemplo, elaborado por la Gerencia General de Control de Entes Reguladores, Privatizadas y Transferencias y entregado a la AGN advertía que el Ejecutivo “eximió a las empresas privadas de una obligación de carácter legal” y eso implicó “un perjuicio económico para los trabajadores”. El Estado, decía, fue “negligente en la implementación del programa” y no cumplió con la ley.

En la denuncia penal, a Barra se le imputaban los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El ex juez Jorge Urso fue quien dictó originalmente su sobreseimiento. La Cámara Federal lo revocó a fines de 2006 y apelaron el fiscal Carlos Stornelli (ahora ministro de Seguridad bonaerense) y la abogada de los empleados telefónicos, Liliana Zabala. Tiempo después, el caso fue nuevamente cerrado, y ahora los camaristas volvieron a la carga.

“Con lo investigado” no “alcanza para modificar el escaso cuadro de conocimiento que se tuvo de la situación”, sostuvo la Sala II. En la causa, advierten los camaristas, “sólo hubo dos testimonios de funcionarios de la AGN y habría que escuchar a más funcionarios que participaron del archivo de la auditoría investigado”.

Este expediente tiene estrecha relación con el último caso que la Corte Suprema llevó a audiencia pública donde, precisamente, se trató el reclamo de los trabajadores de participación en las ganancias de las telefónicas privatizadas. Los jueces supremos tendrán que dictar una sentencia y decir si hubo irregularidad en la aplicación de los Programas de Propiedad Participada.