Una pregunta sencilla, que requiere abandonar análisis rústicos, para tratar de entender lo que para la mayoría ya resulta incomprensible por la extensión del conflicto: ¿cómo puede mantener un grupo empresario el estado de lockout permanente sin quebrar durante casi tres meses, con piquetes de varios días en las rutas, suspensión de comercialización de cereales y hacienda, largas asambleas, jornadas de tractorazos y marchas a las plazas de los pueblos? Cualquier otra actividad económica si realizara una protesta tan contundente frenando su ritmo productivo sufriría pérdidas extraordinarias. Muchas empresas caerían y sus trabajadores quedarían en la calle. Por eso mismo, los patrones de industrias o de comercios no disponen, en general, un lockout, y si lo hicieron en un pasado turbulento fue por un par de días. Hasta los obreros y empleados presionarían para volver a retomar la actividad para preservar sus puestos. ¿Por qué, entonces, los dueños, arrendatarios y arrendadores de campos agropecuarios pueden hacer un lockout, protestas, marchas y no trabajar? ¿Por qué los peones rurales no se quejan?

La respuesta, que evitan los dirigentes de las entidades que representan a un sector del campo y que elude la mayoría abordar, es que la actividad del agro tiene la particularidad de que no se detiene por un lockout. No pierden mucho; más bien, casi nada. La soja sigue creciendo, no se detiene el ordeñe de las vacas y los cerdos siguen engordando. Y esa particularidad del campo no es sólo por la obviedad de que los peones no están parando ni que sus patrones no los dejarían parar. La especificidad del campo, que permite semejante protesta extendida en el tiempo, se encuentra en lo que los economistas clásicos estudiaron y que hoy sus seguidores modernos desconocen o ignoran: el factor tierra y, por lo tanto, la renta de la tierra, que no es como cualquier otro activo de la economía. Se trata de una cuestión compleja que se aleja del lugar común de los economistas mediáticos, pero que si no se estudia provoca confusiones generalizadas, como las que hoy existen.

La tierra tiene características propias que la hacen diferente a los otros factores de producción (trabajo y capital), a saber: no es producida por el trabajo humano, no es reproducible, es limitada en cantidad y es de calidad heterogénea. La renta agraria es una ganancia extraordinaria de la que se apropian los dueños de los campos, originada en ventajas naturales (fertilidad del suelo y clima). Argentina, por obra y gracia de la “pampa pródiga”, tiene una notable renta agraria diferencial a escala internacional. Por ese motivo la ganancia extraordinaria en la industria, atribuible a una ventaja tecnológica, no es una renta, y sí lo es la que surge de ventajas naturales. Ese avance industrial tarde o temprano puede ser copiado y sumar competidores para aprovechar ese nicho rentable. En cambio, la tierra fértil no se puede reproducir.

Como la renta de la tierra en Argentina, y en especial en la rica Pampa Húmeda, es una ganancia extraordinaria, y la tierra es un patrimonio social (por las ventajas naturales que son de toda la población), el Estado tiene la facultad de regular la forma en que dicha renta agraria a escala internacional se distribuye al interior de la sociedad. Varios son los instrumentos de política económica que puede utilizar para ese objetivo: impuestos sobre la renta potencial de la tierra, sobre las tierras no explotadas, implementar una reforma agraria, controlar el volumen y precios de las exportaciones. Y también disponer retenciones.