Mientras la ministra Nilda Garré hacía las valijas para su viaje a Perú y Ecuador, donde se reunirá con sus pares de Defensa, le dieron una buena noticia. La Justicia Federal porteña la sobreseyó en una causa en la que estaba acusada de defraudación a la administración pública, por una operación de exportación de material bélico a los Estados Unidos. Por los mismos hechos, el ex juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia la había señalado como sospechosa dos días antes de que lo acusaran a él en el Consejo de la Magistratura.

Tiscornia había imputado a la ministra por el delito de contrabando de 6700 kilos de piezas de fusiles FAL, cuyo embarque fue detenido por la Aduana en febrero de 2007. La carga de repuestos de Fabricaciones Militares iba a ser enviada a los Estados Unidos por sólo 2664 dólares, y estaba destinada a la empresa JLD Enterprises Inc. El argentino José Luis Díaz, a cargo de la misma, dijo que el valor del envío era, en realidad, de unos “90 mil dólares”. Tiscornia sostenía que la última autorización para despachar el envío la dio la cartera de Defensa, en diciembre de 2006. Este ex magistrado había llamado a indagatoria a Garré el día previo a ser suspendido por el Consejo de la Magistratura. Como el Gobierno no le aceptó la renuncia, Tiscornia tuvo que enfrentar el jury que lo terminó destituyendo, en diciembre pasado, por “mal desempeño”. Mientras se sustanciaba su jury, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky tomó el caso y determinó que no había pruebas suficientes para “sostener” la imputación contra la ministra. Y ordenó una serie de medidas tendientes a despejar dudas.

En aquel momento, el juez federal Jorge Ballestero investigaba la presunta defraudación que podrían haber cometido Garré y los funcionarios de Fabricaciones Militares, derivada de los mismos hechos. Quien había sospechado de la comisión de ese otro delito fue Tiscornia, por lo cual había “extraído testimonios” (iniciar una nueva denuncia) y sostuvo que su hipótesis de investigación era una probable subfacturación. A esta nueva causa, que recayó en el juzgado de Ballestero, se agregó también la denuncia de la diputada Nora Ginzburg, del bloque PRO. En la resolución de ayer, a la que tuvo acceso PáginaI12, expresó que “sin perjuicio de que en el universo fáctico sometido a investigación en el fuero en lo Penal Económico aparezca a posteriori que efectivamente existió el delito de contrabando en el marco de las exportaciones de material bélico reseñadas, es evidente a esta altura del proceso que las intervenciones del Ministerio de Defensa y de la Comisión de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (Concesymb) en torno de las exportaciones de material sensitivo y/o bélico no analizan las ventajas económicas que puede presentar una operación particular, sino que su intervención se ciñe a los aspectos de Defensa, Relaciones Exteriores y principios políticos rectores vigentes en un momento determinado, toda vez que el control de legitimidad de los aspectos administrativos se encuentran dentro de la órbita de otras dependencias estatales”.

Ballestero, de inminente nombramiento como camarista, mencionó que “la derogación del servicio militar obligatorio provocó que hubiera un gran excedente de FAL en las Fuerzas Armadas, por lo cual desapareció su demanda para las mismas”. Y destacó que en el expediente comprobaron que la situación era similar a “tener 1500 Wincophone y los quiero vender, el valor de mercado va a ser muy bajo...”. En definitiva, el juez determinó que “es equivocada la presunción de que la operatoria comercial explorada supuso un vaciamiento de Fabricaciones Militares, siendo también errónea la hipótesis que indicaba que la ministra Garré convalidó una operación ruinosa para el Estado nacional”.