Para enfrentar la mayor demanda energética que impone el trimestre de más frío en el año –junio, julio y agosto–, Argentina importará combustibles en ese lapso por un total próximo a los 4500 millones de dólares, de los cuales algo más del 80 por ciento serán afrontados por el Estado. Esa abultada suma es el resultado de una situación compleja para las finanzas públicas: cada vez resulta más necesario apelar a sustitutos del gas cuyos precios, impulsados por la suba del petróleo, son cada vez más altos, en un marco con una demanda que sigue subiendo.

Con el crudo superando los 135 dólares el barril, el panorama mundial es complicado. España tiene gran parte del transporte paralizado en protesta por el encarecimiento de los combustibles, las aerolíneas más grandes suspenden vuelos y aumentan el sobrecargo sobre los pasajes para afrontar la suba de la nafta aérea y Estados Unidos ve acrecentar dramáticamente su déficit comercial. En este contexto, no es extraño que las previsiones presupuestarias locales para el sector se hayan visto desbordadas.

Del monto total de esas importaciones, el rubro más importante será el de gasoil, que en el trimestre frío demandará 1700 millones de dólares. Este producto escasea y es cada vez más caro en el mercado internacional. Argentina compra prioritariamente a Venezuela, que provee a valor de mercado y con el 8 por ciento adicional que debe pagarse a los brokers que intermedian. Una parte de ese gasoil es para el consumo automotor y deberían pagarlo las refinadoras, cuestión que en las últimas semanas también se puso en discusión. La otra porción es para generadoras de electricidad e industrias, obligadas a buscar un combustible sustituto al del gas: en esta instancia interviene Enarsa con sus propios recursos.

Pdvsa también provee fueloil con el mismo fin de permitir el funcionamiento de las usinas térmicas para las que no alcanza el gas (más barato pero escaso) y para alimentar a la industria que está en idéntica situación. Estas compras suman otros 1800 millones de dólares. El monto total se completa con la compra de 400 millones de gas licuado y otros 120 de propano. Un paquete que no sólo complica la balanza externa energética deficitaria, ya que Argentina prácticamente no está exportando hidrocarburos.

El Gobierno tiene como norma contener las tarifas energéticas domiciliarias, que hoy cuestan alrededor de una décima parte de la que pagan las industrias. Para ello, apeló a un esquema de subsidios, que se otorgan a través de distintos mecanismos. Estos incluyen desde la versión atenuada de desgravar la importación del gasoil que hacen las refinadoras a otra subvención más directa como la de proveer fueloil (comprado por Enarsa) a las industrias, al mismo precio que se comercializa el gas en el mercado interno. Es decir, muy por debajo de su valor real.

Semejante esfuerzo fiscal, sin embargo, no alcanza para solucionar el problema de escasez de recursos energéticos, que trasciende al faltante de gas. Ese paquete, de todos modos, no alcanza a cubrir el déficit de electricidad, que en estos días fue atendido con importaciones desde Brasil, onerosa y no siempre disponible.