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Esta noche, a partir de las ocho, habrá un apagón nacional contra el aumento en las tarifas de los servicios públicos. La protesta es convocada por un conjunto de organizaciones sociales, sindicales y políticas que se oponen al tarifazo y reclaman que se frenen los cortes de luz, gas y agua a aquellos usuarios que se han quedado sin trabajo. La medida se realiza como preludio de las audiencias públicas para tratar los pedidos de aumento formulados por las privatizadas, a las que los organizadores del apagón calificaron de “audiencias truchas” y hechas a medida de las empresas. La primera de ellas, en la que se tratarán las solicitudes de las distribuidoras de electricidad, está prevista para mañana (ver nota aparte).
El dato novedoso de la protesta es que surgió por un acuerdo entre sectores con diferentes criterios políticos, que lograron coordinar esta actividad con el espíritu de frenar a las privatizadas. Convocan al apagón más de diez grupos de defensa del consumidor, Fedecamaras, el Frente Nacional contra la Pobreza, la Central de Trabajadores Argentinos, la Corriente Clasista Combativa, partidos de izquierda, Apyme, el Frente Agropecuario, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, asambleas barriales y piqueteros.
Todos están de acuerdo en rechazar el tarifazo. Después hay grupos que impulsan fuertemente el reclamo por la tarifa social, otros que no tanto, y existen matices entre las entidades de defensa del consumidor.
Las organizaciones pusieron en común el día, el horario y la modalidad de la protesta, tras lo cual cada sector se dio sus propias pautas de organización. Así, hay asambleas vecinales que junto con el apagón invitaron a un cacerolazo (como la de Palermo, en la esquina de Humboldt y Costa Rica). El Movimiento Socialista de los Trabajadores anticipó que quemará una boleta gigante frente a la sede de Telefónica, en Corrientes y Maipú, mientras que otros sectores invitaron a los usuarios a hacer sonar las bocinas de sus automóviles y meter ruido con lo que puedan.
“Ante la presión de los operadores de las empresas públicas privatizadas, que pretenden un incremento de hasta el 100 por ciento, y ante la aceptación oficial de este acoso, el Comité Contra el Tarifazo afirma que no debe reconocerse ningún tipo de aumento”, explicaron las entidades a través de un comunicado de prensa.
Rubén Manusovich, titular de Fedecamaras, llamó asimismo a “impedir las audiencias públicas truchas” e invitó a los usuarios a movilizarse este miércoles a las 11 al Correo para “hacer una barrera humana” que evite la realización de las “audiencias públicas truchas” que tratarán el eventual aumento de tarifas.
El secretario general de la CTA, Víctor De Gennaro, consideró por su parte que las empresas privatizadas “se han desnacionalizado” y señaló que pretenden conseguir un aumento de las tarifas dejando fuera de la discusión su propio incumplimiento de los contratos.
Simultáneamente con las medidas de protesta se presentaron reclamos judiciales para impedir la realización de las audiencias públicas. La defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveira, señaló en uno de estos amparos que la convocatoria a la asamblea debe suspenderse porque “no dice nada de la comisión renegociadora (de los contratos), no se difundió en el Boletín Oficial como corresponde, ni lo publicó el órgano del Estado que debería haberlo hecho” (ver asimismo nota aparte). El criterio compartido dentro los organismos de defensa del consumidor es que las audiencias tienen el objetivo de legitimar los aumentos y no garantizan a los usuarios posibilidades reales de hacer valer sus derechos.