“Me quitaron todo, me sacaron los alambres, los postes, las puertas, las piletas de los baños, los portones, se llevaron todo. Nos quemaron la casa de madera, nosotros le decimos la casa rancho, ahora le largaron fuego. El corral también lo quemaron. Le abrieron las puertas a los chanchos y quemaron todo. Los vecinos también vieron cómo sucedía y conocen toda la historia, a cualquiera le podés preguntar. Yo estoy diciendo la verdad.”

El testimonio recogido por la agencia de noticias Naciente, en 2004, pertenece a Walter Quiñones, integrante de una familia de medianos productores de la localidad de Los Juríes, en Santiago del Estero. El 7 de mayo de ese año, la familia sufrió el último de una serie de intentos de desalojo que habían empezado un año antes. Empujados por una denuncia de Carlos Alberto Peiretti, productor santafesino y a la sazón integrante de la Federación Agraria, la Justicia había salido a buscarlos.

De acuerdo con las denuncias promovidas desde entonces por la familia, el desalojo empezó con el armado de una estafa. “Los Quiñones tenían una relación comercial y de confianza con quienes terminaron estafándolos”, explica en este caso Luis Horacio Santucho, abogado de la familia. “Ellos le proveían los insumos para la siembra y los Quiñones trabajaban la tierra, pero con el paso del tiempo la familia se endeudó. Cuando murió el padre de los Quiñones, esa gente obligó a la familia a firmar una serie de papeles, entre ellos había un poder general para un abogado de apellido García que, supuestamente, debía iniciar las acciones legales contra el asesino del padre.” Pero García, al parecer, no utilizó el poder para eso, sino para abrir un juicio sucesorio confabulado con otros dos abogados. Así, la deuda de los Quiñones, que al comienzo era de 20 mil pesos, pasó a ser de 200 mil dólares, y con eso les sacaron la casa.

En el curso de la causa judicial, a esta altura, está probada la falsificación, el modo en el que se organizó la estafa y la fabricación de una escritura que luego les permitió vender las tierras. Unas 450 hectáreas en esa localidad. En la cadena de responsabilidades están los abogados, el escribano y un empresario. Fueron los que vendieron las tierras a distintas personas, entre ellas a un norteamericano, un belga y a los hermanos Peiretti de Santa Fe.

“Yo los tomo por responsables –dice Santucho– porque ellos fueron los que empujaron el desalojo.” Peiretti empezó el expediente judicial en 2004 y la causa señala a Walter Quiñones y otros por usurpación de propiedad y desobediencia judicial. En los papeles, el productor santafesino asegura haber comprado los campos el 15 de diciembre de 2003, por eso reclamó esas tierras. Hoy, los Quiñones están viviendo en Los Juríes, fuera de las tierras donde los nuevos dueños viven de las plantaciones de soja. La causa judicial sigue abierta. Según Santucho, la familia todavía sueña con volver.