Los dirigentes de la Comisión de Enlace siguieron anoche la sesión de los diputados por televisión en la sede de Confederaciones Rurales. La sensación que predominaba en el bunker campestre era de insatisfacción, pues el Gobierno estaba un poco más cerca de ratificar la resolución 125 que estableció una suba de las retenciones y el criterio de movilidad. El oficialismo introdujo varios beneficios complementarios durante el tratamiento parlamentario. El último y más sorpresivo lo anunció anoche en el recinto el jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, al informar que se segmentarán las retenciones rebajando la alícuota para los que producen hasta 1500 toneladas, tomando en cuenta una progresividad que beneficia más a los más chicos (ver página 2 y 3). Sin embargo, los ruralistas se mostraron escépticos. “A lo mejor acomoda un poco más las cosas, pero es sólo hasta el 30 de octubre y no está claro cómo va a ser el mecanismo de compensación”, afirmó Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria, entidad destinataria de las mejoras introducidas. Mario Llambías, de CRA, expresó un rechazo aún más contundente.

El reclamo que todas las entidades compartieron desde que el proyecto oficial ingresó al Congreso fue pedir la suspensión de la resolución por 180 días, mientras se discute un esquema diferente y, fundamentalmente, se venden los millones de toneladas de la cosecha actual que todavía quedan en los campos. No obstante, cuando quedó claro que esa alternativa no era posible, cada organización comenzó a jugar su propio partido dentro del Congreso, aunque mantuvieron reuniones conjuntas con distintos legisladores.

Confederaciones Rurales y Sociedad Rural apostaron la mayoría de sus fichas a la propuesta ideada por el diputado Felipe Solá, quien plantea llevar las retenciones a una alícuota cercana al 40 por ciento manteniendo la movilidad, pero modificando la curva. No es su aspiración de máxima, pero la consideran la más cercana a sus intereses dentro de las opciones viables. Federación Agraria, en cambio, presionó para que se segmentaran las retenciones, bajándoles la alícuota a los pequeños y medianos productores, incluso por debajo del 35 por ciento. Esto fue lo que se anunció anoche, pero la primera reacción fue de rechazo porque, entre otras cosas, cuestionan que la curva de movilidad no se toque.

La resignación sobre el resultado de la negociación se empezó a percibir desde temprano. “Si esto sale ratificado de la manera que busca el Poder Ejecutivo hay muchísimas posibilidades de volver al paro”, sostuvo el vicepresidente de Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, en declaraciones radiales. “La disconformidad es muy grande, ya que el daño que se le hace a la producción continúa vigente”, agregó. Alfredo De Angeli, presidente de Federación Agraria de Entre Ríos, también se mostró preocupado, pero fue llamativamente moderado en sus palabras. Este referente del campo que adquirió notoriedad nacional durante el conflicto dijo que si el Congreso convalida la norma todavía queda la vía judicial y, si bien reconoció la posibilidad de que haya protestas, negó que fuera a propiciar nuevos cortes de ruta. “Al único que beneficiaría es al Gobierno, porque con esos cortes puede justificar el desabastecimiento de gasoil”, afirmó luego de haber protagonizado los bloqueos durante cien días, provocando escasez de alimentos y aumentos de precios, sin reparar en ese detalle.

Por la mañana, Buzzi también se había mostrado escéptico sobre el resultado de la negociación con los diputados. Les pidió “sensatez” a través de los medios de comunicación, pero luego dio a entender que esa instancia estaba perdida. Cuando le preguntaron si iban a volver a la protesta remarcó que los productores “que están llegando desde distintas partes” tuvieran paciencia porque todavía quedaba el Senado. Según él, el oficialismo no tiene allí una mayoría holgada sobre este tema de retenciones, aunque cuesta creer que al Gobierno la tarea se le haga tan ardua como viene siendo en Diputados. Las esperanzas que Buzzi deposita en el Senado no son compartidas por la mayoría de los dirigentes del agro, los cuales ya empezaron a evaluar la estrategia a seguir cuando concluya el trámite parlamentario.

La vía judicial será la principal apuesta. Llambías dijo ayer que la votación del Congreso no invalida esa opción. Insistirán ante los Tribunales con el argumento de la inconstitucionalidad de la resolución que fijó las retenciones. Otro de los planteos de los empresarios es que un impuesto superior al 33 por ciento es confiscatorio y dicen que hay jurisprudencia que los avala. Lo paradójico en ese caso es que también van a terminar impugnando ante la Corte lo que vinieron reclamando desde que se implementó la resolución 125: que las retenciones vuelvan al 35 por ciento.