El Consejo de la Magistratura postergó su decisión sobre la acusación contra el juez federal Sergio Torres y los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, por su responsabilidad en la muerte de Héctor Febres.

Estuvieron presentes en la sesión miembros de la agrupación Justicia Ya!, entre quienes se encuentran víctimas de este represor, que expusieron sus argumentos contra los magistrados que tenían a su cargo a Febres mientras cumplía su prisión preventiva y había comenzado a ser juzgado.

Durante la audiencia, los consejeros consideraron los dictámenes de la Comisión de Disciplina y Acusación expresaron que desistían de impulsar ninguna acusación y fueron nombrando cada expediente. Cuando llegó la Resolución 156, referida a Torres y a Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías del TOF 5, la abogada Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, y Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, pidieron ser escuchados. La letrada comenzó enfatizando que el TOF 5 “sigue tratando causas importantes como ESMA y Primer Cuerpo como si nada hubiera pasado”.

Mencionó que pasaron 22 meses de la desaparición del testigo Julio López, lo que impactó en el público, y que los represores detenidos tienen “condiciones escandalosas de privilegio”. Además de recordar que Febres se iba de vacaciones, Bregman recordó que Alfredo Astiz tenía una oficina en el Hospital Naval.

La Comisión de Disciplina y Acusación ya había desestimado la denuncia de Justicia Ya! que pedía enjuiciar a los jueces por haber faltado a su deber de guarda de Febres, que apareció envenenado con una dosis altísima de cianuro en su lugar de encierro VIP. Según Bregman, el dictamen sienta “un precedente terrible también para los presos comunes”, porque estableció que “el juez no es custodia del detenido”.

A su turno, Lordkipanidse dijo que “convalidar este funcionamiento de los jueces es avalar la impunidad”. Los consejeros les respondieron que las razones expuestas “ameritaban la reconsideración” del dictamen cuestionado.