¿Qué tienen en común el canciller Jorge Taiana y la diva Susana Giménez? Los dos, con pocas horas de diferencia, estuvieron ayer con la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Ambos habrían sido víctimas de la misma red de espionaje que interceptaba e-mails de funcionarios, artistas y periodistas para luego comercializarlos y/o conspirar políticamente. Tanto el ministro como la conductora de televisión reconocieron como propios decenas de correos electrónicos que los investigadores hallaron en los sistemas de los hackers y de quienes habrían sido sus compradores.

Dos de los presuntos espías tienen pedido de captura internacional desde el miércoles último, como informó PáginaI12, y están siendo buscados por Interpol y fuerzas locales de seguridad. Se trata de Iván Velázquez y Pablo Carpintero, dos agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), recientemente separados de su cargo, que también trabajaron para la SIDE y como personal civil de inteligencia del Ejército. Arroyo Salgado les había concedido la exención de prisión, pero estaban obligados a presentarse en el juzgado. Como no lo hicieron pese a haber recibido un ultimátum, la magistrada ordenó detenerlos. Estarían en Uruguay, algo que ellos mismos difundieron en abril, cuando decían ser víctimas de una persecución producto de una interna con la SIDE.

El canciller Jorge Taiana dio testimonio en su propio despacho casi completamente vidriado del Ministerio de Relaciones Exteriores. La jueza, en persona, llegó cerca de las diez de la mañana. Le llevó carpetas con e-mails que tenían su nombre y él dijo que todos le pertenecían. Algunos contenían información sobre viajes de Cristina Kirchner durante su campaña, viajes a Nueva York, había informes secretos de embajadores, cuestiones de política internacional y otros sobre asuntos personales. A través de sus voceros, Taiana dijo que “espera que se haga justicia”.

Con el glamour que la caracteriza, Susana Giménez salió con sus gafas oscuras de los tribunales de San Isidro por la tarde y aceptó, entre compungida y exaltada, hablar con la prensa. Había visto unos veinte e-mails suyos, que le mostró Su Señoría, también cara a cara. Varios de ellos eran intercambios con Jorge “Corcho” Rodríguez sobre cuestiones laborales, y había otros, de contenido sentimental, con su novio Jorge Rama. Puertas adentro, la estrella de TV se mostró sumamente sorprendida y habría dicho también que alguien le había avisado que sus correos estaban a la venta, según contaron allegados al expediente. “Ahora me voy a comunicar por telegrama”, ironizó ante la rueda de preguntas de los periodistas, donde cuestionó el accionar de los hackers. Pidió disculpas porque estaba disfónica y se fue agitando sus mechas platinadas.

En las últimas dos semanas declararon, también como damnificados, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; la ministra de Defensa, Nilda Garré; funcionarios de Cancillería; el embajador en Washington, Héctor Timerman, su abogado, Alejo Ramos Padilla, y el embajador en Naciones Unidas, Jorge Argüello. Más adelante lo harían dos secretarios de Cristina Kirchner y el secretario general de la Presidencia. Entre la farándula, Giménez no es la única convocada por la Justicia. La lista es larga e incluye desde Pampita Ardohain, Andrea del Boca y Celeste Cid hasta Gerardo Sofovich y Roberto Piazza. En otro rubro, fueron espiados incluso varios periodistas. Las víctimas, en total, son cerca de cien. La información, secreta y privada, habría sido ofrecida a empresarios, periodistas y otros políticos. En más de una oportunidad aparecía publicada en medios gráficos o electrónicos o era difundida en programas de chimentos.

La declaración de las víctimas del espionaje es importante en la causa porque, al reconocer que los e-mails fueron escritos o recibidos por ellas, se podría corroborar la existencia de delito. El expediente está caratulado como “violación de secretos políticos y militares”, debido a que una gran cantidad de correos violados pertenece a funcionarios y contenían información sobre incontables asuntos del Gobierno y secretos de Estado. Ahora, de todos modos, Arroyo Salgado estaría analizando agravar la calificación como “asociación ilícita”. Si Velázquez y Carpintero son indagados por esta figura, podrían quedar presos.

¿Quiénes son los demás sospechosos de haber integrado la red? La clave está en una serie de allanamientos que se hicieron en mayo, que incluyeron no sólo las casas de los agentes de la PSA, sino del periodista y ex jefe de la SIDE del menemismo Juan Bautista “Tata” Yofre, del general Daniel Reimundes (secretario general del Ejército durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde) y del responsable del portal Seprin, Héctor Alderete. Pero tampoco serían los únicos. Los que pedían y adquirían la información también están en la mira. El caso es tan vasto y tan curioso que hasta el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández –de cuya estructura depende la PSA–, está siendo investigado por presuntos contactos con Velázquez.