Desde Tucumán

El juicio contra Antonio Domingo Bussi por la desaparición del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, el primer caso en el que se juzgan los crímenes de la dictadura cometidos en Tucumán, se inició con la lectura de la acusación, pero debió ser suspendido porque el represor dijo sentir fuertes dolores en el pecho. Bussi fue retirado de los tribunales en una camilla e internado en una clínica privada, donde le harán estudios para comprobar su dolencia. En las últimas semanas el represor ya venía pidiendo no ser llevado a juicio con el argumento de su mala salud.

Pasaron 32 años desde que su víctima, Vargas Aignasse, fue secuestrado por un grupo de encapuchados que se lo llevó de su casa en la madrugada del 24 de marzo del ’76. Y 22 años desde que la familia del senador pudo hacer la denuncia en la Justicia. El tiempo transcurrido juega a favor del dictador tucumano. El lo sabe. Sus hijos Ricardo y Luis José –sus portavoces– insisten con la idea de que Bussi cumplió 82 años y el estrés del proceso judicial “puede matarlo”.

Los familiares de los desaparecidos, en cambio, descreen de la gravedad aducida. “Bussi es un simulador”, acusó Marta Rondoletto, de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán en la puerta de los tribunales, donde muchos tucumanos se reunieron para protestar, frustrados por la interrupción del proceso después de tanta espera.

El secretario del tribunal oral, Mariano García Zavalía, confirmó que los jueces pidieron que interviniera un perito de la Corte Suprema para evaluar la situación. Convocaron al mismo médico que antes de ayer viajó desde Buenos Aires y le hizo a Bussi un chequeo previo al inicio del juicio, cuando lo encontró en buen estado. Entre hoy y mañana se le volverán a realizar estudios completos, y el viernes a las 9.30 se reanudarán las audiencias. El tribunal tendrá entonces tomada una decisión sobre cómo seguir.

¿Hay juicio contra Bussi con Bussi internado? La respuesta es no. “En el sistema penal argentino no hay juicio en ausencia”, explicó García Zavalía. “El imputado debe estar presente para escuchar la acusación y ejercer su derecho de defensa. El puede no presenciar, si así lo quiere, algunos tramos del proceso. Se trata de un derecho que tiene como imputado, pero hay otros actos procesales en los que sí debe estar. Sin la presencia del imputado no hay juicio.” García Zavalía detalló que hay casos en los que puede realizarse una suspensión transitoria de las audiencias, pero nunca por más de diez días. Como en este juicio hay dos acusados, ya que también se juzga por los mismos cargos a Luciano Benjamín Menéndez, que fue el jefe de Bussi, se abren varias posibilidades: que el juicio continúe para los dos, que haya un receso corto, que se suspenda el juicio para Bussi y se siga con Menéndez solo.

¿Simula o está realmente mal? La pregunta atravesó toda la jornada del juicio. El represor entró a la sala de audiencias apoyándose en un bastón y con asistencia de oxígeno. En el recinto ya estaba Menéndez, a quien no saludó; se dice que están enemistados. Los dos rechazaron ubicarse detrás de la estructura de vidrio que el tribunal les había preparado.

Una vez sentado con su defensora oficial, Bussi hizo varias cosas que transmitieron una imagen de senilidad. Entrecerró los ojos como si tuviera sueño, tiró la cabeza hacia atrás y se quedó largos minutos con la boca abierta. De a ratos, se acariciaba la nuez del cuello y la boca con una mano insegura. Parecía estar perdido, hasta que el secretario de tribunal, que había comenzado a leer el auto de acusación, llegó a cierto párrafo. Bussi lo interrumpió para que repitiera lo que estaba leyendo, “no lo escuché bien”, pidió.

No era un pedido inocente. El fragmento hablaba de la víctima, Vargas Aignasse, aludiendo a sus “posibles vinculaciones con la subversión” y a los interrogatorios a los que fue sometido “a fin de obtener información”. De toda la acusación, ese párrafo, unas líneas que citan un informe de su antiguo jefe de policía (Antonio Arrechea, un represor conocido por su ensañamiento con los prisioneros), era el que entroncaba con su línea de defensa. Bussi ha intentado ensuciar la figura de Vargas Aignasse como alguien que cantó casas montoneras y que habría sido asesinado no por el ejército sino por la guerrilla.

Fue evidente para todos que había estado siguiendo la lectura. No volvió a boquear. Ahora se irguió, cruzó una pierna, se acomodó para quedar de frente al que leía. Sin embargo, en cuanto los jueces llamaron a un receso hizo el anuncio de que le dolía el pecho. Lo sacaron del tribunal en una camilla, rumbo al Centro Privado de Cardiología. Así fue el comienzo y final de la primera audiencia.

El edificio de los tribunales estuvo vallado. Al mediodía cientos se juntaron para pedir cárcel para el represor, mientras, del otro sector del vallado, unas cincuenta personas se reunieron para apoyarlo.

Eso es lo que queda de Fuerza Republicana, el partido que Bussi creó, con el que fue electo gobernador y dos veces diputado. En otros tiempos, movía más que cualquiera en la provincia, pero ya no. Sus apoyos se vieron dentro de la sala, donde estuvieron sus hijos Ricardo y Luis José, su ex abogado y cinco o seis mujeres sesentonas. Había también un sobrino de Menéndez, y no mucho más.

El grueso del público fueron familiares de desaparecidos, militantes de organismos de derechos humanos y funcionarios. Las Madres de Plaza de Mayo, los familiares y militantes de Hijos llevaron fotos de los desaparecidos y las alzaron de cara a Bussi mientras se leía la acusación. En la primera fila estuvo el hijo del senador, Gerónimo Vargas Aignasse, que hoy es diputado nacional, y uno de sus hermanos. Y entre el público, el fiscal federal Emilio Ferrer, que realizó la investigación de primera instancia y el secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde.

Vargas Aignasse tenía 35 años cuando lo secuestraron. Fue la misma noche en que Bussi se convirtió en interventor militar de Tucumán, donde ya era jefe de la V Brigada de Infantería, bajo las órdenes de Menéndez. Vargas Aignasse fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo y estuvo detenido en la cárcel de Villa Urquiza. Para deshacerse de él, los militares fingieron que lo ponían en libertad. Lo subieron a un auto y le dijeron que lo llevaban a su casa, pero en el camino lo entregaron a un grupo de tareas.