Desde Córdoba

Los estatales cordobeses denunciaron ayer ante la Justicia que la policía de esa provincia cometió apremios ilegales el miércoles pasado, durante la represión de la protesta contra la sanción de la Ley de Emergencia Previsional. La denuncia fue hecha por Manuel Olmedo, Ramiro Quinteros y Fernando Leyría, empleados de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y militantes del sindicato de Luz y Fuerza, quienes fueron escoltados hasta la puerta de Tribunales por representantes de los gremios provinciales más importantes junto a un centenar de trabajadores. Olmedo relató en su presentación judicial que un efectivo policial le dijo “en otro momento te hubiéramos matado de un balazo en la cabeza” mientras mantenía una pistola sobre su sien y que otro policía puso su arma sobre la frente de Quinteros y le preguntó “¿la sentís fría?”.

Leyría ingresó a Tribunales con dificultad para caminar. Ayer mismo le hicieron una tomografía para evaluar si tiene daños cerebrales por los golpes que recibió el miércoles pasado. Ese día sufrió la quebradura de la novena costilla y de un dedo de la mano, un desplazamiento del hombro y un traumatismo en el muslo derecho. Según explicó un allegado, la policía se habría ensañado más con él cuando se percató de que su padre es el secretario gremial de Luz y Fuerza y de la CGT local, Juan Leyría.

Por su parte, Olmedo y Quinteros denunciaron haber recibido golpes en las costillas y en las piernas y presentan varios hematomas en sus rostros. “La policía nos agarró. Nos metieron en una sala del anexo de la Legislatura, nos tiraron al piso, esposados, y empezaron a insultarnos y a golpearnos brutalmente”, contó Olmedo a Páginai12.

Los abogados de los estatales son Luis Franchín, Martín Fresneda y Claudio Orosz. Estos dos últimos fueron los querellantes en el primer juicio contra Luciano Benjamín Menéndez y otros siete terroristas de Estado que se llevó a cabo días atrás en Córdoba. “Tomamos la causa porque entendemos que hubo un abuso policial y queremos saber quiénes son los policías desleales con la institución y responsables de estos delitos”, precisó Orosz. Fresneda, por su parte, aclaró que “no es una denuncia contra el gobierno de Córdoba”.

La presentación de la denuncia fue acompañada con una manifestación de trabajadores en la puerta de Tribunales. Varios manifestantes exhibieron carteles con la leyenda “Para el maricón de Caserio” y la foto del ministro de Gobierno cordobés, quien fue el encargado de dar la voz oficial el miércoles pasado después de los incidentes en la Legislatura, mientras el gobernador Juan Schiaretti estaba en la Rural de Río Cuarto. Otros repartieron volantes que recordaban la intervención de Schiaretti en Santiago del Estero durante el gobierno de Menem. “Privatizó todo, dejó miles de desocupados, tiene una causa abierta en la Justicia por 324 millones con los que dejó endeudada a la provincia”, decían los panfletos.

Entre los manifestantes, estuvo el secretario adjunto de la CTA Córdoba y director de Derechos Humanos de la capital provincial, Luis Baronetto.

“Esta ley no es un hecho casual ni novedoso. Se inscribe en la continuidad del neoliberalismo que Schiaretti practicó en todos sus años de gestión pública”, enfatizó en diálogo con este diario.