En un tiempo, el que le demore al Ministerio de Justicia bonaerense dictaminar sobre la impugnación a la licitación 3/06 del 8 de julio pasado, el Estado provincial tendrá a disposición 600 pulseras electrónicas para colocar a presos con detención domiciliaria, el doble de los que gozan del beneficio a la fecha. Por lógica matemática, la duplicación (de 300 a 600) resultará en el doble de costos (de 270 mil a 540 mil pesos al mes) que –por efecto de la ola privatizadora que viene golpeando los tobillos estatales desde la década del menemismo dromisista– irán a parar a bolsillos privados. Actualmente, Giasa es la única empresa que brinda el servicio. Pero en la lic. 3/06 resultó ganadora Megatrans aunque fue impugnada por Giasa, cuyos representantes argumentan que ésta es la cuarta licitación y que curiosamente la única que ganó Megatrans y la única en que se anuló el pliego de antecedentes.

El sistema del adminículo electrónico que en los últimos días reunió una suerte de mitología sobre su uso, en realidad es bien sencillo: se trata de una tobillera (no es pulsera, según aseguran en Giasa, proveedora del servicio) que se aplica sobre la piel y no sobre vestimentas. La tobillera, que pesa unos 70 u 80 gramos, es fabricada por la empresa israelí Elmotech y se utiliza en alrededor de 25 países en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Francia o España, Gran Bretaña, México. En Sudamérica, sólo en el territorio bonaerense. Elmotech dice que el modelo en Argentina es el Pre-Trial, lanzado en 2002, en plena cresta de la ola antiexcarcelación. Primero se licitó por 100, después 200, y más tarde 300. Ahora, los bonaerenses fueron por más.

En la correa la tobillera lleva una pequeña emisora de ondas radiales que semeja a la caja de un reloj, pero cerrado y hermético. No envía ondas satelitales como un GPS. La emisión de la tobillera es recibida por una caja hermética ubicada en la casa del detenido, con un alcance igual al perímetro del domicilio que no debe superar el detenido. Cuando lo traspasa, la caja deja de recibir la señal. La caja, a su vez, envía por teléfono una señal a Giasa. Cuando no recibe de la tobillera, no envía señal y la computadora en Giasa lo detecta. Esta computadora, a su vez, genera una alarma y envía automáticamente un fax al Centro de Monitoreo Electrónico del SPB.

“El único requisito técnico para obtener el beneficio es tener una línea de teléfono fijo y luz eléctrica”, había dicho en 2007 Sergio Buffa, a cargo del CME del SPB desde diciembre de 2006 hasta el lunes pasado, cuando el ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal decidió relevarlo después de que los únicos requisitos técnicos quedaron desbordados: el acusado Angel Fernández dejó de pagar la línea telefónica, que le fue cortada el 12 de julio. Ese día, Giasa dejó de recibir la señal telefónica. “Se disparó la alarma y el sistema envió el fax (al CME). Lo que pasó después no lo sabemos”, dijo Roberto Juárez, de Giasa.

El SPB aseguró que envió el informe al juez Schiavo. Pero la policía recién cayó por lo de Fernández el 31 de julio, después del cuádruple crimen. La caja negra (con una batería con autonomía de un mes) no enviaba señal porque no había teléfono, pero seguía recibiendo la emisión de la tobillera o su ausencia de emisión. Cuando Giasa abrió la caja, el sistema había guardado información clave: “el 12 de julio se cortó el teléfono; el 24 de julio Fernández se sacó la tobillera; y unos días después volvió a ponérsela”, dijo Juárez a este diario. El empresario dijo que cualquier movimiento sobre la tobillera sería detectado y de inmediato se daría la alarma.

El sistema de tobilleras, que bien utilizado es un soporte para descomprimir la situación carcelaria, en este momento está en el estatus del parate: la última licitación fue impugnada por Giasa: “En cada licitación pedían antecedentes y en esta no”. Casualmente, o no, ganó Megatrans, la empresa del diario bahiense Nueva Provincia, según informó el periodista Horacio Verbitsky, que provee el monitoreo de los patrulleros de la Bonaerense, y que en su dirección operativa estaba encabezada por el ex comisario de la Federal, Luis Fernández, procesado por el cobro a prostitutas y vendedores ambulantes, y por el comisario Rubén Parravicini, jefe de la Bonaerense cuando la banda de chorros y policías dio el golpe al Banco Nación de Villa Ramallo.