En los últimos tiempos el Gobierno buscó retomar la iniciativa política y en algunos temas, a veces obligado por las circunstancias, logró ir equilibrando su acción con algunas demandas, captadas ya sea por instinto político o las encuestas, según el credo de cada funcionario. La decisión de que lo que puede ser resuelto por un decreto presidencial pase por el Congreso es sólo un ejemplo de cómo se logró obturar la acusación de que el Parlamento era la escribanía de la Casa Rosada. Pero hay una cuestión muy difícil de resolver y que pega en el centro de la credibilidad del Gobierno: cómo mide la inflación el Indec. Según altos funcionarios consultados por PáginaI12, la presidenta Cristina Kirchner hace tiempo que viene buscando una salida y aún no encuentra la mejor dentro de la cartilla de menúes posibles.

La encerrona es clara. Por un lado están los sectores interesados en que la inflación sea más alta de lo que es, entre ellos los tenedores de bonos que atan sus ganancias al número del IPC y quienes le dan apoyo mediático. Por el otro, la incredulidad de la gente que ve que ese índice no se condice con las variables mensuales que sufre su bolsillo.

“Buscan demonizar a (Guillermo) Moreno, pero aunque pongamos a Joseph Stiglitz al frente del Indec, si los números no dan como a ellos les conviene van a seguir batiendo el parche. Y si con Moreno, en vez de 0,4% diera el 1%, van a decir que es un fenómeno. No nos engañemos.” Este es uno de los razonamientos que se escuchan en los últimos días en la quinta de Olivos. Pero, en forma paralela, también admiten que lo que el Gobierno define como “la acción de los lobbistas” impactó muy fuerte en la opinión pública y está afectando la credibilidad de la Presidenta.

Quienes frecuentan a Cristina Kirchner sostienen que por su cabeza está dando vueltas la idea de “poner las cartas sobre la mesa”. Es decir, que el tema de la inflación sea un tema de debate de la sociedad. Lo que todavía no está redondeado es de qué forma hacerlo.

“Hay varios temas para que discutamos los argentinos. Dicen que el 0,4% es falso. Pero el reclamo que se escucha es que los números del Indec sean más altos que el 0,4%. Casi nadie de los que no creen en el 0,4% y profetizan por los medios piden que los precios bajen para que ese índice sea creíble”, sostuvo un ministro ante PáginaI12.

Otro ministro, que parecía sintonizar el mismo canal, afirmó a este diario: “Hay que hablar a calzón quitado: ¿por qué los que insisten con que el índice es mentiroso no dicen que un número más alto beneficiaría a los bonistas y no beneficiaría en nada a los trabajadores que cobraron entre 20% y 30% de aumento, y que además tendrían que pagar a los acreedores 600 millones dólares por cada punto anual de inflación?”.

El funcionario sostiene además que muchos de los que le apuntan al Indec son formadores de precios y normalmente aumentan sus productos sin que los costos lo justifiquen, aportando así al aumento de la inflación.

Otro tema en torno de la inflación que la Presidenta estaría pensando en poner blanco sobre negro es la ecuación subsidios/tarifas. “El Estado paga muchos subsidios para que no suban los precios. ¿Estamos dispuestos los argentinos a eliminar subsidios y pagar más por la luz, el gas, el transporte?”, se preguntaba uno de los ministros consultados. “Y yo extendería las preguntas a la famosa redistribución del ingreso –agregó, sin pausa– para que los argentinos resolvamos. ¿Si no queremos retenciones, estamos dispuestos a pagar 80 pesos el kilo de lomo como pretendía De Angeli?”

La pregunta es cómo se materializaría el debate de estos temas. Por empezar poniéndolos en la agenda política –dicen en Gobierno– e incluso como temas de campaña electoral para el año que viene. Pero eso implicaría un proceso más lento y menos contundente ante una realidad apremiante.

“Yo creo que la Presidenta va a hacer eje en cómo se mide la inflación”, aventuró una de las fuentes. El viejo método de medición –utilizado hasta mayo– tomaba artículos suntuosos, como flores importadas o viajes a Cancún, lo que encarecía el índice. Pero esa suba también se neutralizaba con los precios de los artículos de consumo masivo, que se basaban en el acuerdo que hacía Moreno con las cámaras de cada sector y después no se reflejaba en los supermercados. El nuevo sistema tiene un muestreo territorial “más racional”, según los funcionarios, pero toma en forma predominante consumos de la clase baja, donde casi no figuran las primeras marcas que compra la clase media.

¿Habrá otro paso más allá de generar un debate en torno de cómo medir los precios? Los habitantes de la Casa Rosada, que creen que lo habrá, no descartan que se cree una comisión de notables para elaborar un nuevo índice, una idea que ya fuera anticipada por PáginaI12. Otros, más audaces, van todavía más lejos y no les parece descabellado que el nuevo método de medición sea decidido en el Congreso para acabar con las controversias. En ese caso, una opción no necesariamente invalidaría la otra. La complementariedad podría implicar que un eventual proyecto que envíe el Gobierno al Congreso sea elaborado por esa comisión de notables para que tenga más fuerza y menos resistencias. Pero cualquiera sea la salida, la preocupación oficial revela la conciencia de que la credibilidad suele perderse de una vez y casi nunca da revancha.