La más eficaz política para reducir los cultivos de coca, la única eficaz en realidad, es la que lleva adelante un líder cocalero, Evo Morales, en Bolivia: así lo plantea Coletta Youngers, investigadora del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, quien también destaca como “muy positiva” la posibilidad de que se descriminalice a los consumidores de drogas ilícitas en la Argentina. El contexto mundial, en un año en que la ONU se comprometió a reevaluar sus duras políticas antidroga, “no hace prever cambios dramáticos, pero sí una mayor flexibilidad para que cada país pueda adoptar sus propias políticas”, según la investigadora, quien visita la Argentina para participar en la VI Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por la Asociación Civil Intercambios.

–Estados Unidos gastó mil millones de dólares en tratar de reducir, mediante la erradicación forzosa, el cultivo de coca en la región andina, pero el área se mantiene básicamente igual que hace 20 años: unas 200 mil hectáreas. Es que la mayor parte de la coca la cultivan, en pequeñas parcelas, campesinos pobres, como única opción de ingreso monetario: si no se les ofrecen alternativas viables, vuelven a plantarla. Así pasó en Bolivia durante años. Pero, desde que Evo Morales asumió la presidencia, la cantidad de coca en Bolivia creció mucho menos que en Perú y en Colombia, países donde continúa la erradicación forzosa –contó Youngers, quien pertenece también a la Washington Office on Latin America (WOLA) y se especializa en políticas de drogas en la región andina.

–¿Cómo evalúa los resultados de la política de Evo Morales?

–Su política de concertar con los cocaleros ha dado frutos. Una causa de anteriores fracasos fue que la sustitución se orientaba a exportar y para un campesino es muy difícil entrar en la exportación. Ahora se orienta a productos para el mercado interno. Y, por ejemplo, no sólo se ofrece cultivar naranjas, sino montar plantas para producir jugo de naranja: se trata de lograr un desarrollo económico, lo cual es a largo plazo: pero sólo el desarrollo de estas zonas les permitirá no depender de la coca.

–¿Cómo se financian esos programas de sustitución?

–Debido a que, desde que Evo Morales ganó la presidencia, Estados Unidos cortó los fondos para estos proyectos, los alcaldes de la zona del Chapare son muy activos en buscar otras fuentes: hay proyectos de la Unión Europea, en particular España, y de Venezuela y otros países, que también financian obras públicas. Chapare hoy es muy diferente que hace unos años.

–¿Cuál es la reacción de Estados Unidos?

–Pese a sus diferencias ideológicas, los dos gobiernos no abandonaron la colaboración en el tema. Morales incrementó la acción contra las drogas ilícitas: hay muchas más incautaciones que antes, incluso en colaboración con agencias de Estados Unidos. Pero ese país sigue reticente a admitir que la erradicación forzosa no funcionó.

–¿Y en Colombia?

–Según la ONU, el cultivo de coca aumentó un 27 por ciento sólo en 2007. Esto sucedió a pesar del Plan Colombia, con miles de hectáreas fumigadas. Estudios académicos indican que, en un marco en el que el narcotráfico alimenta la violencia política, para reducir los cultivos hace falta primero resolver el conflicto político, implantar las instituciones democráticas en las zonas de cultivo para, entonces, intentar la sustitución.

–¿Cómo ve el panorama latinoamericano en general?

–Por la influencia de Estados Unidos, muchos países de la región adoptaron leyes muy duras, que castigan con altas penas a consumidores y a integrantes menores del narcotráfico. Pero hay perspectivas de cambio. En la Argentina, es muy positiva la propuesta de despenalizar el consumo y ayudar a las personas con problemas de adicción. También los gobiernos de Brasil, Ecuador y ahora Paraguay buscan políticas más eficaces y humanas.

–En la Argentina se produjo un triple crimen que algunos vinculan con organizaciones mexicanas de narcotráfico. ¿Cómo considera este orden de violencia?

–El Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar el Plan Mérida, que destina 400 millones de dólares, la mayor parte a México, para enfrentar la violencia asociada al narcotráfico: lo que nos preocupa es que la mayor parte de esa ayuda va para fuerzas militares, no civiles. Mejor respuesta es enfrentar la corrupción en la policía y fortalecer sus capacidades y las del Poder Judicial, para lograr investigaciones sólidas. Se dirá que esto es a largo plazo, pero las medidas “fuertes” de corto plazo no dieron resultado.

–¿Cuáles son las perspectivas a nivel mundial?

–Este año está prevista la evaluación del plan de política antidroga que, en 1998, emprendió Naciones Unidas. Es obvio que, en términos de reducir la producción y consumo de drogas ilícitas, fracasó.

–Sin embargo, hay cierto escepticismo en cuanto a que se cambien las políticas...

–Sí, no es previsible que este año se definan políticas radicalmente diferentes, no hay que esperar cambios dramáticos.

–¿Por qué, a diferencia de organismos como la OMS u Onusida, cuyo valor de referencia se admite en general, las agencias sobre drogas de Naciones Unidas son cuestionadas por perseverar en posiciones duras?

–Estados Unidos ha sido hábil, no sólo en promover políticas duras, sino también en lograr que las convenciones de Naciones Unidas sean interpretadas desde su punto de vista. Y sucede que, históricamente, la Comisión de Estupefacientes de la ONU decide por consenso: no es fácil abrir caminos nuevos cuando se requiere un acuerdo unánime. Sin embargo, en la comunidad internacional crece la necesidad de terminar con la desconexión entre los organismos que trabajan el tema drogas y los que trabajan temas de salud y, especialmente, derechos humanos. Y, hoy por hoy, las convenciones de la ONU pueden interpretarse de manera más flexible, de modo que cada país, por ejemplo la Argentina, siga su propio camino.