El Senado de la Nación aprobó la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral por 46 votos a favor y 21 en contra. Con esta normativa, el Estado se compromete a rescatar las empresas a partir de la compra de sus paquetes accionarios. Además, declara como servicio público la actividad aerocomercial, con el objetivo de mantener la integración de las distintas regiones del país y determina que el Estado mantendrá siempre una mayoría accionaria del 51 por ciento. La ley acotó los alcances del acta-acuerdo firmada entre Ricardo Jaime, secretario de Transporte, y el grupo Marsans, al excluirla de su articulado y establecer que será el Tribunal de Tasación el que defina el precio de la compraventa, sin la intervención de los tasadores propuestos por los españoles (el banco Credit Suisse).

Luego del batacazo legislativo tras el voto “no positivo” de Julio Cobos, el oficialismo logró encolumnar su mayoría parlamentaria, a partir de los cambios introducidos en la Cámara baja y convertidos en ley por el Senado. El kirchnerismo consiguió la venia de Carlos Reutemann (PJ Santa Fe) y de Horacio Lores (Movimiento Popular Neuquino). También sumó el apoyo de Roberto Urquía (FpV Córdoba y dueño de Aceitera General Deheza), que votó a favor pero solicitó que la gestión de la empresa sea entregada a una compañía privada; de Sonia Escudero (PJ Salta), que acompañó en general pero rechazó el artículo 1, al igual que Elena Corregido (FpV Chaco). El ARI de Tierra del Fuego también acompañó la iniciativa oficial.

Los radicales Pablo Verani, Dora Sánchez y Emilio Rached no estuvieron presentes en la votación, al igual que Carlos Menem y Juan Carlos Romero.

La mayoría parlamentaria del oficialismo volverá a ser puesta a prueba cuando estén sobre la mesa el valor de la compraventa y el estado de la deuda de ambas compañías, que según admitió el propio secretario de Transporte, asciende a 890 millones de dólares. Sin embargo, el Tribunal de Tasación y la Auditoría General de la Nación dejaron entrever tras su paso por el Senado que la valuación, más allá de que se haga teniendo en cuenta el flujo de fondos futuros, será negativa. El proceso de reestatización recién comienza.

La sesión arrancó con la defensa del proyecto oficial en boca de Eric Calcagno, titular de la Comisión de Transporte. Su retórica lo llevó a remontarse a la privatización de 1990 (curiosamente, muy pocos senadores hicieron alusión en el recinto a Carlos Menem). “Estamos en un proceso de institucionalidad en marcha. Aerolíneas y Austral se están ahogando. Esto no es nada más ni nada menos que una bocanada de aire para nuestra aerolínea de bandera”, reflexionó el ex embajador.

La contraparte la dio el radical Gerardo Morales. Fiel a su estilo, repartió acusaciones contra los empresarios españoles y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. “Ambas empresas tienen un patrimonio neto negativo, una deuda postconcursal de 890 millones de dólares y 40 millones de pesos mensuales en déficit operativo. Los españoles pagaron un euro en 2001 y recibieron del gobierno español 758 millones de dólares. Si esto no es un vaciamiento, no sé de qué estamos hablando”, arremetió.

Nicolás Fernández (FpV Santa Cruz) lo interrumpió para recordarle: “Fue el gobierno de la Alianza –por medio de Patricia Bullrich– quien permitió que el gobierno español se liberase de sus obligaciones. Con el ingreso de Marsans, perdimos nuestra aerolínea de bandera”. Morales retomó la palabra para lanzar su propuesta: “Mandar la empresa a la quiebra y crear una nueva línea de bandera”.

La sesión fue extensa, pero lejos de tener la carga de tensión que vivió el Senado al momento del voto “no positivo” de Julio Cobos. Sin embargo, el debate por la reestatización de Aerolíneas dejó varios datos interesantes. La Auditoría General de la Nación señaló en reiteradas oportunidades que ambas compañías tendrían un patrimonio neto negativo de 102 millones de pesos y un pasivo neto de 585 millones. También la AGN denunció que todavía el grupo Marsans no presentó sus balances auditados de 2007. Tampoco pasó desapercibida la aprobación de los balances 2002-2005, cuando habían sido sistemáticamente impugnados por el Gobierno, sin hablar del rol de Jaime en la situación actual de ambas compañías.

“Se habla a veces de un Estado bobo o pasivo, pero acá tenemos un Estado cómplice. No termino de entender cómo un secretario tiene la capacidad jurídica para comprar una aerolínea en estas condiciones. Que se deje en claro que el acta-acuerdo no tiene validez y que la deuda de 890 millones de dólares la debe pagar Marsans”, manifestó Carlos Rossi (Frente Nuevo, Córdoba).

El socialista Rubén Giustiniani planteó la necesidad de considerar las distintas responsabilidades. “Los que hoy votan la reestatización votaron la privatización. Necesitamos pensar en una política de servicios públicos para el país”, reflexionó, con una exhortación poco escuchada.

El cierre fue tranquilo, Cobos cumplió su rol formal y no tuvo que desempatar. Ernesto Sanz, titular del bloque radical, criticó las modificaciones realizadas en Diputados, “por carecer de lógica jurídica al quitar del medio el acta-acuerdo y no dejar en claro cómo se valuará la empresa”.

“Si el Gobierno hubiera planteado la expropiación de entrada, nos hubieran tildado de chavistas. No se deja de lado ninguna alternativa de rescate. Le estamos dando al Gobierno una herramienta para mantener el servicio aerocomercial. El acta fue reformada y superada”, cerró Pichetto, antes de pasar a la votación que, esta vez, fue “no negativa” para el Gobierno.