Ricardo Echegaray, titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), afirma que el organismo cumple hoy las funciones que en el pasado realizaban las juntas nacionales de granos y carne. Si a ello se agrega la gestión de subsidios millonarios, no es casual que la dirigencia agropecuaria haya puesto la mira en la oficina. Mucho dinero, poder de regulación y máximo apoyo político son las claves que explican el lugar de este organismo en el actual esquema de poder. Frente al nuevo lockout campero, Echegaray es duro. Lo define como un reclamo “egoísta” de cuestionamiento al modelo. No obstante, también señala que el Gobierno aprendió de sus errores y deja entrever el anuncio de nuevos programas de “estimulo a la producción”. También aseguró que no habrá modificaciones en materia de retenciones.

–¿La Oncca se volvió más importante que la Secretaría de Agricultura?

–¿Así lo ve usted?

–Bueno, eso es lo que piensan muchos empresarios del campo; basta con ver la lista de reclamos de la Comisión de Enlace y el nivel de subsidios que gestiona la Oncca.

–El agropecuario es un sector que no está acostumbrado a que lo controlen. Cuando uno se hace cargo de un organismo de control, no puede esperar ser la cara más amable del Estado. Cuando el controlador comienza a ser la cara simpática es porque dejó de haber control. Antes del reciente conflicto del campo muchos dirigentes no sabían lo que era la Oncca. Hoy controlamos a toda la cadena. No sólo al último eslabón exportador sino al proceso industrial y también al primer eslabón. Por no haber sido controlado, el sector agropecuario se encuentra muy rezagado en la transparencia de su producción y en su formalidad fiscal. Históricamente ha sido en la Argentina el sector más informal.

–Lo que también señala un déficit histórico del Estado.

–Hubo un desmantelamiento muy fuerte en los ’90. La tarea que despliega hoy la Oncca es, con menos facultades, la que antiguamente desempeñaban la juntas nacionales de granos y carnes, que contaban con 12 mil empleados la primera y 6 mil la segunda. Hoy contamos con 380 funcionarios en todo el país. Pero los cambios no se producen abruptamente; estamos en un proceso gradual de sumar al sector más importante de la economía argentina a un proceso de transparencia y formalidad comercial y fiscal. La transparencia brindará información y permitirá la toma de las decisiones macroeconómicas más acertadas.

–¿En qué estado se encuentra la investigación por subfacturación sobre las principales exportadoras de granos?

–El trabajo de la Oncca ya terminó. Hay una muy importante cantidad de granos sobre los que las exportadoras no pudieron acreditar la tenencia. Las actuaciones ya fueron giradas a la DGA (Dirección General de Aduanas), que será la encargada de formular los ajustes y reclamos fiscales.

–¿Hay una estimación de la diferencia fiscal?

–No, ese número lo determinará la Aduana.

–¿Cuál es su evaluación del regreso del campo al lockout?

–Es una medida desacertada, inoportuna, irracional en el contexto económico mundial, en el que lo que se espera de la dirigencia es prudencia. Además, el planteo es político antes que de defensa de intereses sectoriales. Y todo lo sectorial que se plantea es en defensa de los intereses de los que viven del trabajo del campo y no de quienes efectivamente trabajan en el campo. En realidad se trata de un cuestionamiento del modelo con el interés mezquino de que se garantice rentabilidad.

–Partiendo de esta caracterización de la dirigencia, ¿el Gobierno no se equivocó en poner a todos los dirigentes en la misma bolsa, permitir que “el campo” se convierta en un solo bloque homogéneo?

–En términos políticos nosotros miramos para adelante. Tomamos la experiencia del pasado, vemos que se puede perfeccionar, pero miramos para adelante. Nuestro compromiso es respetar la decisión popular y los motivos por los que esta administración fue elegida. En particular queremos hacer una política agropecuaria no solamente para un sector sino para todos los argentinos. Necesitamos una matriz alimentaria que genere el abastecimiento de alimentos para toda la población, que los productos que se producen en la Argentina estén a precios que puedan pagar los argentinos. Necesitamos un equilibrio en la cadena de valor que no se termine desbalanceando en un sector que exterioriza con títulos tener problemas con la leche, con el trigo, con la carne, pero que no saca a la luz el verdadero motivo por el que está reclamando; que no es ni más ni menos que pedirle al Gobierno que le garantice las ganancias incluso en los eslabones de la cadena donde la manufactura es nula, sin importarle lo que ocurra con el resto de la cadena de valor y los precios que terminen formándose.

–Con respecto a las cadenas de valor, algunos críticos de los subsidios sostienen que no se aplicaron en el lugar correcto de la cadena.

–Desde que se creó el sistema de compensaciones se autorizaron pagos por unos 3400 millones de pesos. La Oncca ejecuta este presupuesto en base a reglas que establecen una segmentación de la cadena de valor. Hay compensaciones para productores tamberos y para productores de trigo. Hay compensaciones para feedlots, para establecimientos avícolas y para porcinos. También hay compensaciones para la industria molinera. Por supuesto que el diseño es perfectible si hay buena voluntad; por ejemplo, podría articularse la compensación a los feedlots de acuerdo con el peso de los animales al momento de la faena.

–¿Qué opina del tono de centroizquierda del discurso de algunos dirigentes de la Federación Agraria?

–Es un discurso destinado a que no se vayan de la Federación aquellos productores que comenzaron a visualizar las intenciones políticas de los dirigentes de la Mesa de Enlace. Realmente creo que habrá un replanteo en la agremiación de los productores agropecuarios. El problema de algunos dirigentes es que con la derogación de la 125 fueron funcionales a intereses que no eran los de ellos y a cambio se quedaron sin nada.

–¿Cree que el nuevo lockout agrario puede tener una escalada similar al de la 125?

–Creo que no. Me puedo equivocar. Pero hoy no existe el mismo margen de apoyo político.

–De todas maneras, desde la perspectiva de los empresarios del campo existe hoy, y no en marzo, una caída de la rentabilidad por menores precios externos y mayores costos internos.

–Le contesto con un ejemplo. Un productor textil tiene muchos insumos importados, como las tintas, que aumentaron, las maquinarias, que se rompen, sus costos también se incrementaron. Un peluquero también tiene la misma ecuación. Esto sucede en todas las actividades y cada uno va resolviendo dentro de las reglas del mercado los problemas de mayores costos. No van a hacer cola para que el Gobierno nacional les resuelva sus problemas de rentabilidad.

–Se lo pregunto de otra manera: ¿cómo se justifica un determinado nivel de retenciones cuando el diferencial cambiario se reduce?

–La Argentina necesita avanzar en el siglo XXI como exportadora de productos manufacturados. Ya no se trata de buscar la mejor posición como exportadores de trigo. Hay que pelear por no ser el segundo exportador de harinas sino el primero y ganarle a Kazajstán. La carne tiene retenciones del 5 por ciento. ¿De qué retenciones hablamos? ¿La soja tiene el 35 por ciento? También podría tener el 40. No es vocación de este gobierno, nacional, popular, productivista, incentivar la producción de soja.

–El sector agropecuario puede esperar algún anuncio de políticas.

–Habrá incentivos fiscales para mayores niveles de producción. Para el trigo y el maíz llegará para los mayores niveles de cosecha que estén efectivamente declarados. Nada para soja, y en carnes se estimulará la mayor producción en feedlots.

–¿Se puede esperar el regreso a algún tipo de esquema de retenciones múltiples?

–No, nada.

–¿Ni para los que están lejos?

–Absolutamente nada, y menos para soja y girasol.