La alegría estalló en un grito apenas la jueza pronunció la palabra “absolución”. Los diez trabajadores del INTI, acusados por un corte de calle, se abrazaron sin escuchar el resto de la sentencia. La Justicia contravencional determinó que el hecho, ocurrido durante cinco protestas en 2007, no merece sanción alguna. “Sentamos jurisprudencia por la positiva, es decir que los que salgan a la calle para mejorar la sociedad no cometen ninguna contravención”, dijo a PáginaI12 José Magallanes, delegado de ATE en el INTI, ya con disfonía por los festejos. “Esto demuestra que movilizarse y reclamar por derechos legítimos no puede ser criminalizado”, afirmó el abogado de ATE Juan Carlos Capurro. Sin embargo, no son los primeros absueltos de la Justicia porteña: en agosto el dirigente Oscar Kuperman (CUBa-MTR) fue declarado libre de la acusación de “portación de arma no convencional”, en un juicio en el que su defensa cuestionó la constitucionalidad del Código Contravencional.

La jueza contravencional 26 María Cristina Nazar hizo ingresar a la sala a los acusados y comenzó la lectura de la sentencia. En el primer párrafo fue interrumpida por los trabajadores, que no pudieron contener su euforia. “No lo podíamos creer, esperábamos que nos sancionaran con el trabajo comunitario, aunque íbamos a apelar”, comentó Magallanes. Afuera del juzgado de Tacuarí al 100 había militantes de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), y dirigentes gremiales y de partidos de izquierda, unidos en la algarabía por el favorable veredicto.

“Alguno dice que parecía un tema menor por ser contravencional, pero hubiera sido jodido sentar un precedente contrario a las manifestaciones de protesta social, mientras que ahora está claro que podemos seguir haciendo marchas, que siempre habrá a alguien al que le moleste, a un marciano o aunque fuera al 20 por ciento, pero lo que está en juego es qué tipo de sociedad queremos”, sostuvo Magallanes, miembro de la comisión interna de ATE en el INTI, que resultó absuelto junto a Francisco Dollman, Mario Héctor Sandoval, Mario Ramón Sandoval, Alejandro Asorey, Daniel Cadin, Víctor Barroso, Fabián Pereyra, Roberto Montes y Pedro Barrientes.

El fiscal Norberto Brotto los había acusado por el corte de la avenida General Paz durante las protestas que realizaron en reclamo de un convenio colectivo, los días 1, 9 y 16 de agosto, 6 de septiembre y 19 de octubre de 2007. En principio Brotto había solicitado que fueran sancionados con un año de inhabilitación para ejercer actividad gremial, pero al momento de su alegato sólo pidió que realicen tareas comunitarias. El abogado Capurro había puesto señal de alarma ante lo que consideró un “despropósito” y un avasallamiento del derecho a la protesta y a la práctica libre de la actividad sindical.

Relató Magallanes: “Incluso el fiscal reconoció que el nuestro era un reclamo legítimo cuando el presidente del INTI, que era su testigo, dijo que sirvió para destrabar toda una negociación”. Para Capurro, “no se pueden judicializar los reclamos de los trabajadores, el Estado tiene que escucharlos para que no lleguen a Tribunales, fueron 17 años sin convenio colectivo”. A su criterio, el valor de la sentencia se proyecta porque “vamos hacia un período difícil en la lucha del salario y el empleo”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacó la importancia de la absolución de los trabajadores del INTI “frente al avance de acciones impulsadas por algunos fiscales, con el argumento de mejorar la circulación y el uso del espacio público en la ciudad, que han venido ensayando armados legales (consignas policiales en la puerta de organizaciones sociales, intento de suspender derechos gremiales, imputaciones contra docentes por protestas estudiantiles) que en la práctica sólo apuntan a recortar derechos fundamentales de esas organizaciones”.

Aunque poco les importe a los delegados del INTI el podio de primeros absueltos, en rigor fueron los segundos. Kuperman, de la Coordinadora de Unidad Barrial Movimiento Teresa Rodríguez, fue a juicio oral a principios de agosto como ideólogo de una manifestación en la que los militantes, de una agrupación que no era la propia, llevaban palos y capuchas. La condena pedida contra Kuperman, que fue defendido por la abogada de Correpi María del Carmen Verdú, era de 10 días de arresto, pero la fiscal no pudo demostrar la conducta que le adjudicó al dirigente.