El concepto de “tortura”, un agravante en la Justicia penal, podrá ser usado por la fiscalía aun cuando no se haya infligido dolor físico a las personas secuestradas. La resolución fue fijada por el documento de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos y lleva la firma de su titular, el fiscal general Jorge Auat. A partir de este fallo, ese criterio deberá ser aplicado en los casos en que se analizan las condiciones de cautiverio sufridas por los detenidos en los centros clandestinos durante la dictadura.