En un nuevo paso de la política que está implementando para afrontar la crisis global, el gobierno nacional dio a conocer ayer otra serie de medidas, esta vez apuntada al sector agropecuario y a reforzar los ingresos de los sectores más postergados. Los sectores tocados por la varita redistribuidora del Estado fueron los asalariados con sueldo mínimo, los desocupados y los pensionados, quienes recibirán un subsidio directo “por única vez” por montos que van de 200 a 100 pesos. También hubo anuncios para los productores agropecuarios, otorgando mayores beneficios a los que trabajan en economías regionales que a los de la pampa húmeda. Y una “segmentación” a favor de los pequeños productores de trigo y maíz, que además recibirán las compensaciones o devoluciones en forma directa, sin intermediación de exportadoras o industrias transformadoras.

Con una producción agrícola muy condicionada por el impacto de la sequía, la propuesta oficial busca la recomposición de ingresos en los cultivos más rezagados para permitir su continuidad productiva. Por otra parte, por primera vez se estableció, a través de una norma de alcance nacional, que los trabajadores rurales podrán gozar de una jornada laboral semanal de 48 horas, computándose las que lo excedan como horas extras. Esta norma fue votada en la Comisión Nacional del Trabajo Agropecuario, pero con la oposición de la dirigencia rural.

Durante la conferencia de prensa que tuvo lugar en la quinta de Olivos –nuevo espacio elegido por el gobierno nacional para sus anuncios de mayor trascendencia–, la presidenta Cristina Kirchner delineó una serie de medidas que buscan, a la vez, sostener la actividad productiva en el sector agropecuario y seguir fortaleciendo el consumo interno. Golpeados por la sequía a lo largo de la última campaña, y por la disminución de la rentabilidad ante la abrupta e inesperada baja en el precio de los productos agrícolas, los productores esperaban ansiosos los anuncios.

Desde el lado del consumo, el otorgamiento de una suma fija de 200 pesos a los trabajadores que cobran el sueldo mínimo –1240 pesos–, complementado con una asignación por única vez de 150 pesos a los beneficiarios del Plan Familias y de 100 pesos a los incluidos en el Plan Jefas y Jefes de Hogar, vendría a sustituir la demanda de la CGT del otorgamiento de una suma de 500 pesos –luego aceptó que fueran 300– a todo el universo de trabajadores asalariados. La contrapropuesta del Gobierno limita el beneficio sólo a aquella franja de la población más sumergida en cuanto a su nivel de ingresos.

En el sector agrícola, las medidas apuntan a generar una repercusión similar: privilegiar el impacto sobre los más desprotegidos antes que perseguir resultados a nivel de la macroeconomía. La principal desgravación es la que beneficia a los productores frutícolas, hortícolas y productos regionales en general. Productores de ajo, cebolla, limones y otros con asiento en provincias extrapampeanas venían reclamando urgentes soluciones para situaciones de ahogo sobre sus economías. No es seguro que la reducción a la mitad de los derechos de exportación les resuelva el problema, pero al menos los arrimará a esa meta.

En lo que respecta al anuncio de las rebajas previstas como premio a la mayor producción de trigo y maíz, viene con dos novedades de importancia. La primera es la segmentación del beneficio. Por cada millón de toneladas extra que se produzca de dichos cultivos –por sobre un parámetro establecido en 13 millones para el trigo y 15 millones para el maíz–, el Gobierno había prometido una rebaja de un punto en las retenciones. Ayer extendió el criterio, ya que sólo los productores grandes recibirían ese beneficio, mientras que los medianos obtendrían una rebaja de dos puntos cada millón de toneladas, y los más pequeños cinco puntos por cada millón. La otra novedad está dada en la implementación de la compensación. Ya no será a través de un aumento del precio que paga el exportador cuando compra el producto, sistema que daba lugar a todo tipo de irregularidades y aprovechamiento de parte de quienes ejercen una posición dominante en el mercado. Según explicó ayer Cristina Kirchner, los productores pequeños –hasta 1000 toneladas de producción en maíz, hasta 500 en trigo– y medianos –de 1000 a 5000 en el primero, de 500 a 2500 en el último– recibirán la compensación por menores derechos de exportación contra su declaración jurada de impuestos.

La Presidenta destacó que la medida de rebaja de derechos según evolución de la producción es anunciada ahora, con más de un año de anticipación al inicio de la siembra, para alentar la producción. Y diferenció el tratamiento de estos productos con respecto al otorgado a la soja que, pese al lobby mediático desarrollado en las últimas semanas, no recibió la rebaja en las retenciones que reclamaban las corporaciones del sector y entidades ruralistas.

En medio de la crisis, la alternativa elegida es proteger a los más débiles y defender la producción. Las medidas dispuestas ayer tienen ese doble sentido. A diferencia de las anunciadas anteriormente, que involucraron más a las áreas industrial, comercial y financiera, esta vez la estrategia está menos asentada en el papel que ejercen las empresas más concentradas. Pero requerirán, como en el caso de las compensaciones diferenciadas o el subsidio a los feedlots, un mucho más aceitado papel regulador del Estado.

Frente a los costos que reparte la principal economía del mundo en la periferia, son las políticas internas las que ponen el tamiz para evitar una distribución todavía más injusta de las consecuencias. Esa es la tarea que el Gobierno parece haberse puesto al hombro.